Hace falta poco escrúpulo y mucha frivolidad para alentar, en medio de la pandemia, una ampliación de la divisiva ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo de Ministros dio luz verde ayer al anteproyecto de ley pensado para prolongar la guerra cultural entre españoles, ahora bajo el nombre de Memoria Democrática.

Se trata de una norma que, como entonces, se basa en una burda distorsión de las palabras para azuzar el revanchismo y exprimir la utilización maniquea del pasado para condicionar el presente y ganar poder en el futuro.

Urge socavar más el significado de la Transición, porque donde hay reconciliación se esfuma la rentabilidad electoral del populismo. Aunque el precio sea abrir heridas en una generación que ni las sufrió ni tuvo que restañarlas.

Esto no tiene nada que ver con la memoria ni con la historia ni con la democracia. Se trata de alargar artificialmente la ganancia política -cohesión del sanchismo y estigmatización de la oposición- de la exhumación de Franco después de exhumado Franco.

Lo peor de esta obsesión por reescribir la historia -ahora resulta que Companys, golpista contra la República, fue un mártir- y atar a peligrosas emociones guerracivilistas el debate mediático no es solo el cinismo que desprende la maniobra de distracción; es el precio que se cobra en términos de libertad.

Por supuesto que es necesario coadyuvar al derecho de los familiares a recuperar los cuerpos de las cunetas. De ambos bandos. Pero mezclar esta obligación moral del Estado con la amenaza a la libertad de expresión, hasta el punto de querer vetar ideas -por repelentes que sean- en una democracia pluralista, es intolerable.

¿Por qué no piden ilegalizar a Bildu por sus homenajes a asesinos vivos?

Es sucia la estrategia de tildar de fascistas a quienes no viven de repartir carnés de demócratas.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor