A la vista de los últimos acontecimientos relacionados con el asalto de Ceuta y Melilla de miles de marroquíes, creo imperativa la modificación por la vía de urgencia del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril del juramento en cargos y funciones públicas, que ahora responde a la siguiente fórmula: «¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo …………….. con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?». 

La reforma que propongo consistiría en añadir, después de la palabra “Estado” la siguiente frase: «y cumplir y hacer cumplir las leyes?». Puede que no vean, así de entrada, la relación entre la crisis y la reforma, así que permítanme explicarla.

Por mucho que la prensa afín al Gobierno formado por comunistas y socialistas intentara desviar la atención sobre las causas del conflicto entre España y Marruecos, la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, mitad española, mitad marroquí, hizo unas declaraciones dejando claro que las relaciones entre Estados están basadas en una serie de actos que tienen consecuencias, y estas consecuencias «se tienen que asumir».

Si alguno de ustedes ve en esas palabras una amenaza velada, las interpretó correctamente. La embajadora Benyaich se refería al hecho de que el Secretario General del Frente Polisario y presidente de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), Brahim Ghali, permanezca ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño desde el pasado 18 de abril.

Sin que el patriotismo nos ciegue y, sin estar muy al tanto de las cuestiones geopolíticas de Marruecos, puedo entender que los marroquíes se hayan molestado. ¿Cómo nos sentiríamos los españoles si nos enterásemos que al impresentable de Puigdemont lo atendieran en, pongamos por caso Francia, porque el gobierno galo le hubiera facilitado la entrada con una identidad falsa? Imagino que así comprenderán mejor el enfado de los marroquíes. Por supuesto, eso no quiere decir que esté de acuerdo con la respuesta que han dado. En absoluto. Todo lo contrario. No se puede justificar el asalto por la fuerza del territorio de un país vecino. Eso es una invasión.

El reclamar la reforma del juramento a tomar a los cargos públicos no es por la crisis diplomática desatada, sino porque la creo imprescindible para exigir responsabilidades legales, incluso penales, a los políticos que, en el ejercicio de su actividad, se pasan por sus reales el marco jurídico cuando a sus intereses políticos o de cualquier otro tipo conviene. Porque es un incumplimiento flagrante de la ley y una falta al deber de hacerla cumplir no poner a disposición judicial a los perseguidos por la justicia.

No se ha enfocado así el asunto porque, de haberlo hecho, además de la invasión de Ceuta y Melilla, se hablaría de que Brahim Ghali fue imputado en 2016 por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acusado de cometer delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia). El juez admitió a trámite la denuncia interpuesta por la asociación Asadedh y tres víctimas contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino en noviembre de 2012.

Es un asunto serio y grave. Tanto que, antes de la imputación, Ghali tenía previsto venir a España para participar en la Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Pero, tras conocer la citación de la Audiencia Nacional, finalmente no vino para evitar comparecer ante el juez y responder de las acusaciones de violación y delitos contra los derechos humanos.

Supongo que alguien tomaría la decisión última de permitirle entrar en territorio español con identidad falsa para, y esto es una suposición, que no se enterasen Marruecos, ni la Audiencia Nacional. No se explica de otra forma que, si hubiera mostrado su pasaporte, no saltaran las alarmas en la frontera por la que entró en nuestro país. Y también supongo que, si lo hicieron, se debió a la coincidencia ideológica entre algunos de los miembros del gobierno y el Frente Polisario, una de las tantas organizaciones comunistas apoyadas por la antigua Unión Soviética para conseguir monopolizar la condición de único representante del pueblo saharaui.

Y eso no es cumplir, ni hacer cumplir las leyes. Eso es infringirlas. Por acción y por omisión. Y nos deberíamos dotar de los instrumentos legales para poder encausar a los que las infringen y no vigilan su cumplimiento.

Fran Ruiz ( El Correo de España )