DE GOBERNAR POR DECRETO A ABUSAR DE LA CONSTITUCIÓN

En una nueva intervención televisada, Pedro Sánchez anunció ayer a los españoles que piensa pedir al Congreso la próxima semana otra prórrroga del estado de alarma. Afirmó que sería «la última», pero no detalló ni la duración exacta -«alrededor de un mes», dijo-, ni tampoco las condiciones de aplicación.

Lo que sí quedó claro es que piensa aplicar una desescalada por territorios, lo que significa que el gobierno de PSOE y Podemos cede ante una de las principales demandas de nacionalistas e independentistas. ERC y el PNV, indispensables para extender la alarma después de que el PPconfirmara su rechazo, exigieron a Moncloa un desconfinamiento asimétrico, de tal forma que el mando único quede diluido y tanto Cataluña como el País Vasco puedan gestionar la desescalada a su gusto. Sánchez cede no en aras del interés general, sino para apuntalar su propia supervivencia.

Es evidente que el objetivo del Gobierno pasa por perpetuar la restricción de las libertades de reunión y circulación con el subterfugio del control de la pandemia. Sin embargo, tal como publicamos hoy, cada vez más juristas de reconocido prestigio alertan de la suspensión de derechos fundamentales de los ciudadanos a lo largo de las sucesivas prórrogas de un estado de alarma que más bien parece un estado de excepción encubierto.

Ante la pretensión del presidente de alargar sine die este instrumento que contemplan las previsiones constitucionales, los expertos consultados por este periódico consideran que sería más adecuado reforzar la normativa sanitaria ante un posible rebrote del Covid. Si Sánchez ignora a estas voces autorizadas es porque quiere seguir eludiendo al Congreso.

Primero lo hizo gobernando a golpe de decreto, tras conformar el Ejecutivo con la base parlamentaria más débil de la democracia, y ahora abusa del artículo 116 de la Carta Magna, que ampara el estado de alarma.

Alargar éste hasta finales de junio equivale a saltarse el control parlamentario, teniendo en cuenta que julio y agosto son meses inhábiles. Esta burda artimaña muestra la parálisis de un Gobierno incapaz de controlar la epidemia y dispuesto a seguir castigando a algunos territorios, como ocurre con la Comunidad de Madrid, por razones políticas y sin atender a los criterios de transparencia y rigor.

La legislación vigente contempla alternativas a la excepcionalidad constitucional para mantener las medidas de protección sanitaria. Que Sánchez no quiera hacer uso de ellas revela su deriva hacia una conducta cesarista que erosiona gravemente la credibilidad institucional.

El Mundo