DE LA OBSCENIDAD EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Tendrán que disculpar el exabrupto, pero no hay mejor manera de explicarlo: en una casa de putas, gastaban dinero público en putas. Lo primero se refiere a la Junta de Andalucía como Administración, ahora que se dan cuenta los andaluces de que el empleo del dinero público carecía de controles o, por lo menos, que durante muchos años había quien podía gastar dinero público sin ningún tipo de control. En el diccionario de la Real Academia, eso tiene una denominación, “casa de putas: lugar de gran desorden”. Lo segundo, lo de gastarse dinero público en putas, es literal, nada metafórico, hubo quien se gastaba dinero de los fondos de Empleo para irse de fiesta a casas de lenocinio. ¿Se le podría llamar una ‘red card’ o acaso una ‘tarjeta pink’?

Da igual, la Junta de Andalucía, que al principio lo negaba, como todo escándalo que le afecta, ya ha reconocido que se utilizó una tarjeta de fondos públicos para esos menesteres y la única duda en este momento es cuánto dinero se ha gastado. Tampoco se sabe a ciencia cierta si esta práctica era generalizada entre algunos departamentos de la Junta de Andalucía, porque a estas alturas de la corrupción moral y política que se ha descubierto en la cosa andaluza no es posible cerrar una cifra y, muchos menos, descartar nuevas revelaciones.

El último que ha aportado algunas cifras sobre el escándalo ha sido el consejero de Empleo del Gobierno andaluz, un señor que se llama Javier Carnero, en una comparecencia parlamentaria ‘in extremis’ antes de las vacaciones, por el acoso al que lo somete la oposición.

De sus explicaciones, lo que se dedujo es que además de los 14.737 euros del prostíbulo, también se utilizaron las tarjetas para gastos por importe de 23.000 euros en conceptos desconocidos —aquí puede volar la imaginación a tenor de quién utilizaba esas tarjetas—. Suma y sigue, por tanto: 4.000 euros en restaurantes, 15.000 euros en prostitutas y 23.000 en quién sabe qué. En lo único que tiene razón el Partido Socialista que gobierna Andalucía es en el intento de minimizar lo sucedido, como si se tratase de un pequeño desliz en comparación con el montante global empleado por la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), que es donde se usaban las ‘tarjetas bitch’.

En eso tiene razón, solo que el cálculo no solo no tranquiliza sino que aterroriza aún más. Es decir, si el director de esa fundación, el que se gastaba el dinero en sus juergas, era el encargado de gestionar 300 millones de euros, la sola idea de pensar cómo se habrá empleado el resto de la pasta provoca pánico. Lo más normal que se ha dicho de esa fundación es que el PSOE la había convertido en una enorme agencia de colocación de políticos socialistas, familiares y amigos. ¿Lo más normal? Lo más normal, sí: así funcionan las cosas. El mismo director que utilizaba la tarjeta para irse de putas tenía colocada en la fundación a su mujer y a su cuñado. Se trata solo de multiplicar por varios cientos.

Antes se decía una cosa en la que conviene detenerse: ¿durante cuánto tiempo se ha gastado dinero público sin control en la Junta de Andalucía? En el caso de la Faffe (es mejor poner las siglas porque hieren menos que si se repite otra vez que era el dinero destinado a formar parados en la región con más paro de Europa), han sido ocho años de despilfarro, pero, como en el caso de los ERE o de otros escándalos paralelos de la Junta de Andalucía, todos ellos están referidos a lo ocurrido en este siglo, más o menos desde el año 2000.

Más allá, los tribunales ni siquiera investigan porque lo que hubiera podido ocurrir está ya más que prescrito. La cuestión es que la Junta de Andalucía está gobernada por el PSOE desde 1982, es decir, desde el principio, con lo que nada puede despejar la sospecha de que lo ocurrido en la década ominosa de los ERE no hubiera ocurrido antes.

Más aún, los responsables políticos de ese tiempo de caos en la gestión pública han estado al frente del Gobierno andaluz desde los años noventa, como son los casos de Manuel Chaves, presidente andaluz desde 1990 a 2009, y de José Antonio Griñán, que aunque estuvo menos tiempo en la presidencia lleva en distintos cargos públicos de la Junta andaluza desde 1982, salvo los años que estuvo de ministro de Felipe González. Existirá responsabilidad penal o no, porque eso ya lo determinarán en su día los tribunales de Justicia, pero lo que no merece discusión es que el diseño de la Administración andaluza es el que ellos propiciaron.

El señor Cornejo, el que es consejero de Empleo, tiene dicho también que, a pesar de todo lo que él mismo ha acabado reconociendo, en esa fundación existía un control absoluto de lo que se hacía. Y esto es lo más desconcertante o, mejor, lo que puede explicarnos el concepto de control del gasto público que tenían Chaves y Griñán. “Las cuentas de la Faffe fueron auditadas, ya que tenía todos los controles vigentes durante sus ocho años de funcionamiento”, sostiene tajante.

En algunos manuales teóricos sobre el concepto mismo del gasto público se explica que el control “se puede definir como el proceso y efecto de supervisión de la actividad financiera de la Hacienda pública para que se desarrolle de conformidad con los principios constitucionales y legales de un Estado democrático”. Luego se añade: “Utilizar fondos públicos y ejercer la actividad económico-financiera sin la debida fiscalización, inspección e intervención, equivale a ejercer el poder sin responsabilidad, lo que constituye un contrasentido en un Estado de derecho”

. Control del gasto público también es una garantía de transparencia y efectividad: “Es algo tan elemental como que el ciudadano tiene que saber que el esfuerzo que se le exige en aras de un objetivo colectivo es generalmente compartido con criterios de equidad, y que no es el único en hacerlo”. A la luz de lo ocurrido en la Junta de Andalucía desde no sabemos cuándo, se entenderá ahora mejor el exabrupto del principio. Tiempos de obscenidad…

Javier Caraballo ( El Confidencial )