De completar la legislatura, como es su propósito, Pedro Sánchez va camino de establecer una marca insólita en la categoría de la opacidad, difícil de igualar por los gobiernos que en adelante lleguen a La Moncloa.

El Ejecutivo de Sánchez, surgido a partir de un proyecto presuntamente regenerador de la vida democrática, ha infringido en 1.203 ocasiones la ley de Transparencia, ignorada de forma sistemática para ocultar a la opinión pública cualquier aspecto de su gestión que pudiera desenmascarar sus arbitrariedades, ya sea el uso del Falcon oficial, el rescate de Plus Ultra, la identidad de los séquitos que lo acompañan en sus viajes o de los invitados con los que comparte veraneo, los informes de alerta sobre la pandemia o la negociación con el Vaticano sobre la exhumación de los restos de Franco.

Que precisamente sea la ley franquista de Secretos Oficiales el instrumento elegido por Sánchez para tapar tanto y tan diverso expediente no hace sino subrayar la naturaleza autoritaria de una opacidad que choca con los principios democráticos y, como de costumbre, con la propia palabra del jefe del Ejecutivo.

ABC