EL PSOE y La Moncloa han iniciado una estrategia de progresivo acostumbramiento de los españoles a contemplar como una necesidad democrática la celebración de un referéndum soberanista en Cataluña.

A fuerza de sugerir que España ha iniciado un cambio de ciclo político, que estamos ante el germen de otro proceso constituyente, que el de Cataluña es un ‘conflicto político’ sin importar la legalidad vigente, y que la Constitución no sirve para una España federal, Pedro Sánchez ha decidido ‘normalizar’ el desafecto contra el independentismo sobre la idea de que si alguien tiene que ceder son 45 millones de españoles, y no los dos millones de separatistas.

El proceso es lento y Sánchez sabe que no puede aceptar sin más un referéndum. Por eso amaga y rectifica, sugiere y desmiente, da un paso hacia adelante y otro hacia atrás generando confusión e incertidumbre.

Pero como técnica de comunicación política, su estrategia es nítida y recuerda a la utilizada desde 2004 por José Luis Rodríguez Zapatero, cuando inició su proceso de negociación con ETA: se trata de acostumbrar durante unos meses el oído del ciudadano a su idea federal de España, y de convencernos de que nuestra legislación ya es insuficiente para abordar un ‘marco de convivencia’ para Cataluña.

Según Sánchez, no hay ninguna otra solución. Sin embargo, y más allá de ese altísimo concepto de sí mismo como estadista para conseguir ‘pacificar’ Cataluña, esa es la inmensa falsedad. Ni España es un Estado federal por más que el PSOE se acobarde ante el poder omnímodo de Sánchez, ni España necesita un cambio de régimen por haber caducado el actual. Sánchez ha desenfocado tanto cualquier ‘solución política’ para Cataluña, y la ha desvinculado tanto de la exigencia de cumplimiento de la legalidad, que su solución solo se basa en la claudicación a un chantaje.

Los indultos han sido el primer paso para desairar y desapoderar al Tribunal Supremo. A renglón seguido, Sánchez ha enviado a sus ministros a generar un debate público contradictorio, pero que al final siempre converge en una consulta. Es cierto que Sánchez ha sido taxativo al negar que vaya a autorizar un referéndum de autodeterminación.

Pero ha sido tan drástico y concluyente en el pasado con otras cosas, para después desdecirse tanto sin rubor, que su palabra carece de crédito. Por eso tiene que aclarar de qué habla Miquel Iceta cuando se refiere a un referéndum consultivo, o a qué alude Carmen Calvo cuando habla de una consulta.

Debe aclarar si el PSOE está hablando de una reforma estatutaria y en qué términos, y deben dejar de elucubrar para que los españoles sepan hasta qué punto quiere permitir a Cataluña excesos soberanistas que ya fueron revocados por el Tribunal Constitucional

Debe aclarar, en definitiva, si a cualquier eventual referéndum consultivo van a ser convocados todos los españoles, o solo los catalanes, porque esto sería ilegal si esa consulta afecta a la soberanía nacional y a la integridad del territorio español.

Los trucos de prestidigitador ya no sirven. Cualquier negociación con el separatismo ha de tener límites claros y conocidos por todos los ciudadanos, ya que las agendas ocultas, como los relatos falseados de la realidad, son un fraude. Sánchez, como todos los españoles, está supeditado a un marco legal hoy inalterable y no es posible saltárselo por interés político.

Y si lo hace, debe encontrarse enfrente a un Estado sólido que lo impida.

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