La manifestación convocada para mañana por la plataforma Escuela de Todos contra la exclusión del castellano como lengua vehicular en Cataluña representa la llamada de auxilio de quienes se han visto privados de los derechos que consagran la ley y las sentencias judiciales, ignorados por la Generalitat con el consentimiento del Ejecutivo.

Los convocantes no van contra nadie, ni su objetivo es desplazar a la lengua catalana del lugar que legalmente le corresponde en las aulas, sino exigir el cumplimiento de una sentencia que establece en un 25 por ciento la cuota de castellano en los centros escolares, repleta de sentido común y legitimidad jurídica y ajena al frentismo que en su propio beneficio alimentan los partidos nacionalistas.

Es ‘la gente’ a la que se refiere el Gobierno cuando exhibe su perfil más protector y asistencial la que sale a la calle, privada de un derecho esencial –la elección de la educación de sus hijos– que los intereses políticos de unos y otros han cancelado.

ABC