El Gobierno está llevando el filibusterismo parlamentario al grado de excelencia. El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, está burlando al Congreso de forma premeditada para no dar explicaciones sobre la evolución de la pandemia durante los seis meses de estado de alarma.

Illa trampeó los trámites del Congreso en diciembre para no rendir cuentas, y envió una solicitud de comparecencia inválida y deliberadamente desactivada para enero, cuando solo quedaban cuatro días hábiles del mes anterior. De este modo, el Gobierno sumará hasta tres meses sin dar explicación alguna cuando cifras oficiales del INE calculan ya en unos 80.000 los españoles muertos.

Esto no ocurre en ningún país europeo. Es solo una añagaza política diseñada para no tener que asumir ningún tipo de desgaste, porque tanto Sánchez como Illa sabían de antemano que el ministro sería el candidato socialista a las elecciones catalanas. Ese es el motivo también por el que Illa se ha enfrentado a las comunidades, negándose siquiera a evaluar la necesidad de reformar el decreto de alarma y los toques de queda.

Sánchez e Illa están desaparecidos porque están más interesados en ganar votos que en luchar contra la pandemia. Es injustificable que ninguno de los dos, después de su operación propagandística de cubrir con logotipos del Gobierno las cajas de las vacunas, se escondan ahora, cuando varias comunidades han dejado de administrarlas por falta de dosis, cuando la tasa de contagio está en cifras récord, o cuando ya faltan hasta jeringuillas.

No es justo que la respuesta sea solo resignarse. El ansiado proceso de vacunación se está convirtiendo en una inmensa chapuza para la que solo oímos las excusas de unas autonomías completamente desprotegidas. El estado de alarma es un salvoconducto para que Sánchez ignore al Parlamento, desprecie a la oposición y comprometa a las autonomías.

Desde luego, no se está usando para luchar con eficacia contra la pandemia, sino para que Moncloa haga ostentación de su poder. Sánchez miente, Illa está de campaña, y Fernando Simón confunde. El resultado solo puede ser una creciente frustración.

En este contexto se ha abierto un debate social sobre la procedencia o no de que los políticos y cargos públicos tengan un derecho de preferencia para vacunarse. Pero si se ha aprobado un protocolo que prioriza al personal sanitario y a los ancianos de las residencias, más expuestos al riesgo que nadie, todos aquellos consejeros, alcaldes y concejales que se han vacunado -incluida desde luego la cúpula militar tras el escándalo de vacunaciones secretas en el Estado Mayor-, han incurrido en un fraude moral con la sociedad.

Pudo haberse regulado en el protocolo y expresamente no se hizo porque no hay ningún dato objetivo que justifique la inmunización de ningún político o alto cargo que no esté en evidente situación de riesgo o en contacto directo y continuado con el virus.

Por eso han actuado a escondidas y con la impunidad de quien creía que no se sabría. Tarde llegan las excusas y los arrepentimientos, pero no han sido ejemplares ni transparentes, ni es explicable que se mantengan en sus cargos.

Han usado en su exclusivo beneficio recursos públicos destinados a otras personas con más necesidades, y eso es una burla. Hacen daño a la política, y ahora el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y otros mandos militares también se lo hacen al Ejército. En su opacidad está la prueba.

Las dimisiones y las destituciones son una exigencia democrática.

ABC

viñeta de Linda Galmor