La voluntad de liquidar las bases del régimen del 78, en todo o en parte según los casos, parece cada vez más evidente en la trayectoria del sanchismo y sus aliados, pero entre la incompetencia administrativa y los prejuicios sectarios ese proyecto ha adquirido un ritmo tan rápido que incluso se les puede estar escapando de las manos.

El ataque simultáneo a la Corona, al poder judicial y a los consensos básicos de la Transición responde a un designio premeditado; sin embargo, la torpeza en el manejo del poder comienza a causar estragos funcionales involuntarios que amenazan con echar abajo algunas vigas maestras del edificio del Estado.

El fracaso en la gestión de la pandemia ha provocado una secuencia de bandazos que, tras comprometer la eficacia de servicios esenciales como los de la Seguridad Social o el sistema sanitario, está a punto de destrozar también ahora la ya inestable estructura de reparto competencial articulada por la Constitución en su discutido Título Octavo.

Sorprendido por la resistencia de un virus al que en julio declaró derrotado, el presidente ha irrumpido en el modelo territorial como elefante en cristalería, liándose a trompazos con todo el que se resiste a su mando por incapacidad para asimilar, como le obliga su cargo, la laberíntica complejidad de los mecanismos descentralizados.

En el confinamiento de Madrid, que para él constituye un mero desafío político, Sánchez se ha movido sin el menor atisbo de comprensión sobre la intensidad del estropicio. Su única prioridad ha sido la de utilizar los patentes errores y cambios de criterio de Díaz Ayuso en la contención del virus para abrir un conflicto que le sirva como demostración de dominio, algo que por cierto nunca se ha atrevido a hacer con los continuos retos de desobediencia planteados en Cataluña por el separatismo.

Y en ese afán se ha llevado por delante los intereses sociales de una comunidad de enorme impacto en el funcionamiento económico y logístico de un país que ya no resiste más zarandeos destructivos. Pero sobre todo ha desestabilizado el delicado equilibrio institucional forzando al límite las reglas de «cogobernanza» que había impuesto él mismo y enredando a varios millones de ciudadanos en un descomunal lío.

Su forma de arrasar las competencias autonómicas a decretazo limpio -pero sin atreverse a declarar el estado de alarma desde el Consejo de Ministros- no sólo constituye para los madrileños un flagrante agravio comparativo, sino que desmantela de golpe todo el discurso histórico del PSOE sobre el federalismo.

Como ya es habitual, ha vuelto a saltar sobre sus propios principios con tal de acortar el camino hacia su principal objetivo: preparar el ambiente para una moción de censura que arrebate a la derecha su baluarte capitalino aprovechando que la pandemia impide a Ayuso convocar un adelanto electoral del que con alta probabilidad sacaría beneficio.

Con esa luz corta poco le ha importado al presidente promover otra secuencia de desperfectos. Ni aumentar la desconfianza de la población en la política como espacio de encuentro, ni dañar el tejido productivo, ni sembrar el desconcierto sobre la eficiencia de un Estado cuyas administraciones andan en perpetuo enfrentamiento, ni incrementar la dañina reputación de España como país poco serio en el que no es posible atenerse a un marco legal libre de enredos.

Ni siquiera, por extraño que parezca en un gobernante tan atento a la propaganda, evitar el estruendo del caos ante una emergencia que cada día se cobra un montón considerable de muertos. Todo eso que cualquier líder responsable consideraría el núcleo de su planteamiento estratégico es para Sánchez asunto menor cuando hay una cuestión de poder por medio.

Pero si este desaguisado es consecuencia de una maniobra oportunista típica de un desaprensivo jugador de ventaja, el resto de la ofensiva liquidacionista emprendida por el Gobierno no resulta en absoluto improvisada. La alianza con un conjunto de fuerzas extremistas sólo se puede mantener cohesionada mediante la puesta en marcha de un proyecto de revisión constitucional más o menos disfrazada.

De ahí proviene el asalto al poder judicial, cuya independencia se pretende someter, a través de la reforma de su ley orgánica, al tornadizo criterio de una mayoría simple parlamentaria. O el restablecimiento de la legitimidad republicana que, bajo el pretexto de la mal llamada Memoria Democrática, desentierra la discordia histórica con evidente ánimo de revancha.

O el indisimulado cerco a la Corona que supone la agresión directa de la facción comunista del Gabinete y el veto reiterado a la agenda del Monarca. O el apretón fiscal previsto contra la enseñanza y la sanidad privadas, que aumentará el colapso de los servicios públicos al empujar hacia ellos a unas clases medias progresivamente arruinadas.

O la promesa de medidas de gracia a los promotores de la insurrección catalana. O la intención de intervenir en la privacidad de la mensajería telefónica con consignas orwellianas. Todo cuadra: no hay instancia civil o institucional que conserve cierto grado de autonomía que no esté en la mira de este plan concertado de involución autocrática.

Y lo que se ha escapado, por el momento, del programa de demolición organizada del régimen de libertades sufre riesgo de caer bajo la chapucera piqueta de esta cuadrilla de derribistas «manazas».

España en este momento es una nación de muy escasa seguridad jurídica. El Gobierno lo mismo invade que se retira de la jurisdicción de las autonomías, mira a la oposición y a los jueces como una guerrilla que se resiste a su autoridad con técnicas obstructivas y arrincona al Rey al papel de figura decorativa.

La UE contempla con estupor el frívolo debate sobre la monarquía en un miembro con graves dificultades para combatir la emergencia económica y vírica, mientras los grandes inversores internacionales se alejan ante la falta de garantías.

Y mientras todo eso sucede, y la enfermedad de Trump puede colocar a la primera potencia mundial en una tesitura crítica, por aquí andamos todavía buscando algún remoto pueblo donde quede una calle con el nombre de un cabo franquista.

El pesimismo no es ya una reacción racional sino casi una actitud constructiva.

Ignacio Camacho ( ABC )