DEPURADORAS: EL COSTE DE UNA NEGLIGENCIA

La multa de 12 millones de euros impuesta a España por la UE por incumplir la legislación comunitaria en materia de gestión de aguas residuales constituye elelevado precio a pagar por la negligencia de nuestras autoridades. Pese a tratarse de una materia clave en la gestión urbana, tanto el Gobierno como las CCAA y los ayuntamientos salpicados han mantenido durante las dos últimas décadas un pasotismo que ahora repercutirá en los ciudadanos. De hecho, la suma aumentará en 11 millones cada semestre que nuestro país siga sin respetar el derecho europeo.

España ya fue condenada por el Tribunal de Justicia de la UE en 2011 por el incumplimiento de la directiva en 43 localidades repartidas por toda la geografía nacional. Los sucesivos gobiernos no garantizaron su aplicación en 17 de estos municipios, la mayoría localizados en Andalucía aunque también se incluyen corredores urbanos como los de Gijón o Vigo.

Que España no sea capaz de garantizar la depuración de aguas residuales en tantas localidades, 26 años después de que la directiva comunitaria en esta materia entrara en vigor, revela el fracaso de una deficiente política medioambiental. Urge una reacción enérgica y eficaz por parte de todas las administraciones públicas implicadas.

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