DERECHO DE CABECERA

La última vez que un abogado del Estado se negó a seguir el criterio de su «cliente», acabó en excedencia. Fue respecto al debate entre sedición y rebelión en la vista del proceso contra los líderes de la revuelta. Ahora, veredicto de la Corte de Luxemburgo mediante, el Gobierno pretende imponer a su equipo jurídico de cabecera otra vuelta de tuerca para solicitar la excarcelación -al menos hasta que tome posesión de su acta de eurodiputado- de Oriol Junqueras.

El «gesto» que ha solicitado Esquerra antes de dar el placet a una investidura que depende de su anuencia. El informe de la Abogacía es el último escollo de un acuerdo que Pablo Iglesias terminó de ajustar en una reunión con dirigentes separatistas en vísperas de Nochebuena, y que incluirá la cláusula no escrita de un tripartito en Cataluña si lo permite la correlación de fuerzas.

Los fiscales del Supremo no comparten la idea: tardaron pocas horas en pedir a la Sala que mantuviese la ejecución de la sentencia. Tampoco compartieron en su momento la acusación atenuada y no hubo manera de que torciesen el brazo porque Zaragoza y compañía acostumbran a pensar por su cuenta y no estaban dispuestos a admitir injerencias.

Cuando se forme el nuevo Gabinete sabremos si esa resistencia le ha costado el puesto a su jefa; tiene muchas papeletas para que ruede su cabeza porque vienen tiempos en que el control de la Justicia se va a convertir en una prioridad estratégica. En todo caso, la Fiscalía ha dejado claro que no hay un criterio unívoco para interpretar la resolución europea.

Es decir, que existe alternativa a la humillación y que ésta, si se produce, tendrá carácter discrecional y voluntario. Como lo tuvo la declaración de Pedralbes, la apuesta por el «modelo Frankenstein» o la legitimación de la insurrección disfrazada de apuesta por el diálogo. Como lo tiene el inexplicable silencio sanchista ante el relato del independentismo sobre la violación española de los derechos humanos.

Como lo tendrá, llegado el momento, la concesión de beneficios penitenciarios a los condenados. El presidente ha elegido el sometimiento para allanar la negociación del pacto, pero no puede aspirar a que los ciudadanos se traguen el agravio judicial como si fuese un trámite automático.

Porque la opinión experta del Ministerio Público sostiene lo contrario y, sobre todo, porque el que se degradará con esa capitulación no será sólo -ni solo- el Gobierno sino el Estado, como reza el propio nombre del cuerpo de letrados.

La demora en la presentación del escrito de la Abogacía sugiere una cierta controversia profesional interna sobre la aplicación del procedimiento. El desenlace apuntará datos sobre la cuestión crucial de la legislatura, que es la tensión decisiva entre el interés político y la razón del Derecho. La supervivencia de la democracia depende de que la segunda prevalezca sobre el primero.

Ignacio Camacho ( ABC )