DESCONSTITUCIÓN

Si un dromedario es un camello dibujado por un comité, la Desconstitución sería la Constitución Española desdibujada por ese comité de catedráticos en Derecho Constitucional, tan cursi y fatuo que se bautiza “voluntariado cívico”. Para entendernos: voluntarios llamados por los partidos políticos, el Gobierno y agentes cívicos para enmendar la plana a la ciudadanía que ha osado echarse a la calle con su bandera, sin aguardar a los partidos que nos han llevado a este desastre ni pedir opinión a 10 o 12 sorayos de cátedra, es decir, socialistas al baño maría de la Moncloa.

Si la enseñanza ha sido destruida por la pedagogía y a la literatura la ha arruinado la metaliteratura, la Constitución Española no funciona porque los políticos, apoyados por comités expertos en justificar lo que les digan, la someten a la trituradora autonómica, esas 17 pirañas que han devorado al Estado y destrozado a la Nación. En las Cortes, los socialistas que amamantan este voluntariado de cátedra han saboteado en dos días el intento de Ciudadanos de enmendar dos situaciones rabiosamente contrarias al principio de libertad e igualdad ante la Ley, raíz de la Constitución: el Cupo vasco y el adoctrinamiento en las aulas; o sea, el privilegio fiscal y la tiranía educativa, que a partir de la inmersión lingüística discrimina a todos los castellanohablantes españoles en seis comunidades: Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y Galicia.

Los sabios cumbayás del PSOE y el PP buscan lo que niegan: apaciguar el separatismo catalán destruyendo el orden constitucional. El artículo 2 lo derogarían por la espalda mediante disposiciones adicionales, apósitos desconstitucionales para reconocer la singularidad catalana y las que vengan. Su federalismo -tan sociata- necesitaría la destrucción previa del Estado español; y el arma es, claro, la metástasis autonómica. Sus Estatutos serían votados en los parlamentos regionales, sin pasar por las Cortes, y serían la base de la Desconstitución. Las autonomías rendirían acatamiento simbólico a España y atentarían realmente contra los derechos de los españoles, como hacen; y el Estado no podría recuperar las competencias en Seguridad y Educación que jamás debió transferir. O sea, un apaño para ir tirando cuatro añitos y el que venga detrás, que arree.

Federico Jiménez LoSantos ( El Mundo )