Lo que está ocurriendo en Canarias durante las últimas semanas con el hacinamiento masivo de miles de inmigrantes va mucho más allá de una crisis migratoria al uso.

Hoy tiene más visos de ser el inicio de un conflicto político e institucional de magnitud después de que Podemos, el socio de coalición de Pedro Sánchez, haya urgido la celebración de un referéndum sobre el Sahara en plena crisis humanitaria, y en un momento en el que el Frente Polisario ha reactivado su guerra contra Marruecos.

El descontrol del Gobierno ante estos episodios es tan peligroso como su falta de coordinación y pasividad. No es solo llegar tarde una vez más a una crisis a la que Sánchez, con su habitual imprevisión, ha restado importancia hasta que Canarias se ha convertido en un polvorín.

Se trata de una nueva remesa de facturas al cobro que el país magrebí pasa a España después de muchos desplantes de La Moncloa a Rabat, y después también de que Pablo Iglesias esté alentando la causa saharaui con tintes cuasirrevolucionarios.

Estos días, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja a Marruecos para intentar contener la sangría organizada de cayucos que alcanzan las costas canarias desde hace semanas.

Las amargas quejas de la alcaldesa de Mogán contra la inacción del Gobierno, las imágenes de puertos como el de Arguineguín repletos de inmigrantes en condiciones infrahumanas, o la difusión de grabaciones dramáticas en altamar, reflejan que a estas alturas el problema ya no se soluciona solo combatiendo a las mafias en origen.

Ni tampoco con las entregas «en caliente» de las que tanto el PSOE como Podemos siempre han abominado, y que ahora aplican sin sonrojarse recurriendo a una normativa del PP, que además va a ser declarada constitucional.

El planteamiento de la izquierda ante esta crisis empieza a ser delirante. Podemos -partido de Gobierno, conviene insistir- ha exigido la dimisión de Grande-Marlaska después de que sus parches contra la avalancha de inmigrantes hayan sido inútiles.

Es inédito que miembros de las Fuerzas de Seguridad se viesen forzados a dejar a su suerte, y en plena calle, a 200 sin papeles por su impotencia para asumir con un mínimo de dignidad humana y con los medios esenciales un problema que La Moncloa ningunea. Pero no es solo Marlaska quien tiene un problema.

La cuestión migratoria, así como el test de estrés al que Rabat somete a Sánchez, atañe a cinco ministerios que se están retratando en su indolencia. Arancha González Laya, José Luis Escrivá, Carolina Darias y Margarita Robles ni siquiera han conseguido un diagnóstico común que acalle las alertas que apuntan a Canarias como la nueva Lampedusa de Europa.

En este punto, ni siquiera es un argumento exculpatorio que la UE no pacte una política migratoria común y escurra el bulto continuamente. Y tampoco sirve la demagogia de Sánchez, tan paternal con la inmigración en sus discursos como implacable en las expulsiones.

La raíz política de este conflicto se agrava además con dos consecuencias sobrevenidas. Es cínico que Podemos se arrogue ahora la titularidad de la causa del pueblo saharaui exigiendo un referéndum contra Rabat, porque su único interés es socavar el principio de soberanía en España y justificar hipotéticas consultas independentistas en Cataluña o el País Vasco. Sánchez juega con fuego.

Y si a eso le añade el coste económico que puede sufrir la única comunidad con una mínima cuota de turismo asegurada en plena pandemia, resulta inexplicable que Sánchez no ponga orden en su Ejecutivo. Qué lejos queda aquel Sánchez, el rey de la propaganda, cuando recibía entre abrazos a los inmigrantes del Aquarius en Valencia.

Hoy todo le supera.

ABC