Los datos de desempleo conocidos ayer no solo demuestran que 2020 fue catastrófico para millones de familias sacudidas por la pandemia, sino que auguran una cuesta arriba para la recuperación mucho más empinada de lo que siempre sostuvo el Gobierno.

Diciembre cerró el peor año de la última década, con casi 725.000 parados más y un 23 por ciento por encima del año anterior. Solo en plena campaña navideña, cuando los contratos temporales suelen dispararse, se produjeron 37.000 empleos menos, y a lo largo del año se destruyeron unos 360.000, cifra equivalente a la de los creados en 2019.

El total de ciudadanos en paro se sitúa en 3.888.000, un dato alarmante al que conviene empezar a sumar los 755.613 trabajadores incursos en expedientes de regulación temporal de empleo, porque buena parte de ellos se transformarán inevitablemente en ERE.

La preocupación hoy ya ni siquiera es la precariedad y volatilidad de muchos contratos, sino el sumidero en el que se ha convertido el mercado laboral en nuestro país, que será el más golpeado de Europa por la recesión cuando haya concluido la pandemia.

Analizar estas cifras en otros términos es hacerse trampas al solitario, porque son los primeros indicios serios y demostrativos de que la recuperación no seguirá precisamente la senda trazada por Pedro Sánchez, sino que España camina hacia un abismo laboral.

Es lógico argumentar que la pandemia tiene gran parte de culpa de lo ocurrido, pero no toda. Es absurdo eludir que España nunca ha acometido una reforma en profundidad de un mercado laboral obsoleto y sostenido sustancialmente sobre los servicios, el turismo, la hostelería o el ocio.

Nuestro modelo adolece de muchos defectos, y cuando las crisis se recrudecen lo convierten en muy poco competitivo. Hubo reformas exigentes e imprescindibles como las que acometió Mariano Rajoy en 2012, que sirvieron para flexibilizar una estructura caduca y ajena a la realidad de la globalización, a la movilidad de los trabajadores, y a esa «cultura del cambio» que sí se ha asentado en las primeras potencias económicas del planeta.

Por suerte, durante la pandemia aún permanecen en vigor los ERTE, lo que ha permitido dar un oxígeno coyuntural a empresas y empleados. Si se hubiese eliminado esa figura, como pretendían el PSOE y Podemos con una derogación radical de aquella reforma laboral, el drama en muchos hogares se habría multiplicado.

No obstante, los ERTE no pueden someter a las empresas a una rigidez forzada de modo indefinido. Por eso es ya una prioridad atender a las exigencias de la UE y que España redefina su modelo laboral -también el de las pensiones- de manera urgente y sin contemplaciones.

Ahora, y tras una brusca bronca interna, el Gobierno ha decidido no subir el salario mínimo interprofesional pese a que ese era su compromiso. En el fondo, Sánchez sabe que acierta porque en la creación de empleo también pesa, y mucho, el sobrecoste que deben asumir las empresas para incrementar el salario mínimo, lo cual desincentiva la contratación.

No es solo la pandemia, sino ese concepto falsamente «progresista» del empleo que solo contribuye a cronificar nuestros males. Alemania cerró el año con un 5,3 por ciento de paro. Es cierto que su estructura productiva es muy distinta, pero también lo es que Merkel no ha puesto grilletes a su mercado laboral, y su fórmula funciona. Por el contrario, en España crear empleo se penaliza.

Se está convirtiendo en una tarea imposible.

ABC