El Ministerio del Interior no solo ha «felicitado» a la AVT por su cuarenta aniversario con un incesante acercamiento de etarras a prisiones vascas -ayer mismo cinco más-, o con la excarcelación por «razones humanitarias» del etarra Antonio Troitiño, sino que además dedica a las víctimas del terrorismo una orden ministerial repleta de reproches, quejas y recelos sobre su gestión de las subvenciones públicas que reciben.

Desde luego, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pertenece a un Gobierno empecinado en elogiar la visión «política» de Bildu, no tiene ya nada que ver con aquel juez de la Audiencia Nacional comprensivo con las víctimas y redactor de sentencias ejemplares contra ETA.

Ahora Marlaska se dedica a sembrar dudas sobre las víctimas y sobre los proyectos anuales por los que solicitan -y justifican- ayudas del Estado, y además exige que a cambio de recibir esas subvenciones, Interior esté presente en los actos organizados por las asociaciones con el fin de blanquear su imagen.

Una vez más, se pone el dinero público al servicio de la reputación de este Gobierno y es presentado como una coacción a las víctimas: si quieren cobrar subvenciones, deben dejar de criticar la política de Interior y mostrar públicamente complicidad y connivencia de intereses.

Y todo, con un lenguaje tan sutil como descarnado. Mejor haría Marlaska en cuidar y abrazar a las víctimas que en aplaudir fervientemente las votaciones que el Gobierno gana en el Congreso gracias a Bildu.

Y mejor haría en dar explicaciones públicas sobre su política de beneficios y privilegios a etarras que en cuestionar la desunión de los colectivos de víctimas porque, a fin de cuentas, con ETA hablamos de terroristas y delincuentes, y con las víctimas, de personas a las que se ha destrozado la vida.

Tanta sensibilidad humanitaria para unas cosas, y tanta soberbia despreciativa para otras, no casan bien con ningún Gobierno en una democracia. Su comportamiento y su tono son difícilmente comprensibles.

Se queja Interior en su orden ministerial de que muchos de los proyectos que presentan los colectivos de víctimas para hacerse merecedores de una ayuda de apenas un millón de euros están «desfasados» y carecen de la «actualización» necesaria.

El argumento no es solo subjetivo, sino manifiestamente injusto. Por desgracia, un colectivo de víctimas del terrorismo puede tener exactamente las mismas necesidades de por vida sin tener que justificarse demasiado, o sin verse obligado a «actualizar» sus circunstancias y proyectos.

Es obvio que fue ETA quien se encargó de que muchas víctimas jamás necesiten volver a «actualizar» nada porque el daño hecho va a ser invariable en el tiempo: nadie les devolverá a sus seres queridos asesinados. E insinuar, como insinúa Interior, que algunas juntas directivas de asociaciones se convierten en selectos núcleos de gestión exclusiva de los fondos, como sugiriendo opacidad y favoritismo, no es de recibo.

Si hubiese cualquier sospecha de irregularidad, Interior tiene la obligación de investigarla. Y si no la hay, porque en realidad no existe indicio alguno de ello, generar sospechas es innecesario y ofensivo.

ABC

viñeta de Linda Galmor