Si Pablo Iglesias tuviera sentido del decoro y conociera el significado del vocablo «coherencia», habría presentado la dimisión en el mismo momento en que el juez Escalonilla ratificó formalmente la imputación de Podemos por financiación ilegal y delito electoral, hace poco más de una semana.

Era lo único que podía hacer de acuerdo con su larga trayectoria de inquisidor implacable, azote de la casta corrupta y abanderado de la regeneración, venido a librarnos, decía, de la putrefacción subyacente en nuestra democracia indigna.

Pero no solo no dio ese paso, sino que todavía estamos esperando a que diga una palabra sobre esos más de 300.000 euros «distraídos» de sus cuentas como gastos electorales y que en realidad fueron a parar, según la acusación del togado, a la consultora Neurona, gestionada por su fiel escudero Juan Carlos Monedero, en perfecta sintonía con su apellido.

En su lugar, fue el inefable Echenique quien levantó la voz para reivindicar el buen nombre de la organización por el procedimiento de emprenderla contra el juez, exactamente igual que ha hecho ahora saliendo al paso de la solicitud de García Castellón al Supremo sin otra baza argumental que la crítica al titular del Juzgado número 6 por seguir su propio criterio e ignorar el de la Fiscalía dependiente del Gobierno.

Ya se sabe que la mejor defensa es un buen ataque, sobre todo cuando la ausencia de razones impone el recurso a la descalificación personal. Los portavoces de la formación morada son maestros en ese arte; lo sé por propia experiencia, tras haberles sufrido a menudo en tertulias de televisión.

Si Pablo Iglesias sintiera algún respeto por la vicepresidencia que ocupa, si alguna vez hubiese estado en sus planes honrar con su conducta tan alta representación, si fuese capaz de aplicarse a sí mismo las recetas que con tanta virulencia ha prescrito a sus adversarios políticos, en la mañana de ayer habría recogido sus cosas y se habría marchado a casa con la cabeza gacha.

Porque a la espera de lo que decida el Supremo tras la petición del instructor de la Audiencia, únicamente el fuero que le ampara impide que pese ya sobre él la condición de investigado por tres delitos muy serios, uno de ellos reforzado con el agravante de género.

El aforamiento ante el Alto Tribunal, un privilegio que él mismo denunciaba como intolerable antes de convertirse en exponente máximo de la «casta» y al que ahora se aferra para conservar la poltrona mientras otros, por mucho menos, han conocido la cárcel y sufrido crueles linchamientos mediáticos como consecuencia de acusaciones arbitrarias e infundadas.

Que se lo digan a Ángel Acebes, exonerado por la Justicia tras un calvario de nueve interminables años durante los cuales fue cubierto de oprobio en la pequeña pantalla por los mismos opinadores que ayer se desgañitaban invocado la presunción de inocencia de su gurú coletudo.

Si Pablo Iglesias tuviera pudor, se encerraría en su chalet de Galapagar y no saldría en mucho tiempo. Porque, pase lo que pase a partir de ahora, la exposición razonada de García Castellón deja en evidencia un proceder escandaloso por parte de un personaje que ha presumido tanto de pureza democrática.

¿Qué otra cosa son todas esas mentiras tejidas a partir de una tarjeta de móvil con el propósito de sustentar una falsa acusación de espionaje a cargo de las cloacas del Estado?

El juez ha destapado un montaje destinado a basar toda su campaña electoral en el más burdo victimismo o, dicho en español castizo, una utilización grosera de su íntima, Dina Bousselham, para engordar la cosecha de votos.

Isabel San Sebastián ( ABC )