La Moncloa ha decidido dinamitar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con la llegada de José Luis Rodríguez como nuevo presidente de la institución, y con el inicio de una purga interna que de momento ha forzado la salida del organismo de Esperanza Zambrano, quien hasta el 8 de enero era jefa de reclamaciones.

Este Consejo independiente -al menos así lo ha sido hasta ahora- ha dejado en evidencia en numerosas ocasiones la opacidad con la que se comporta el Gobierno a la hora de informar a los ciudadanos sobre cuestiones que comprometen su ética pública, la utilización del dinero de todos, contrataciones esenciales del Estado, o a la justificación de viajes y vacaciones del presidente junto a amigos y familiares muy difícilmente explicables.

Por eso Pedro Sánchez y sus ministerios han hecho verdaderos esfuerzos para ocultarlos. Ahora, en cambio, Moncloa no solo tendrá más fácil encubrir sus actividades, sino que además orientará esos esfuerzos a maniatar al propio Consejo para burlar la exigencia legal de transparencia. El afán de Moncloa por controlar férreamente a cualquier institución que pueda retratar los manejos de Sánchez es sobresaliente.

La mecánica es simple. Primero, se elogia a un Consejo de Transparencia con la idea de que sea un mero escaparate y un organismo inocuo a efectos políticos, con el que cubrir una necesidad estética de apariencia democrática.

Después, ese Consejo empieza a realizar su trabajo de una manera irreprochable: traslada al Gobierno las consultas de los ciudadanos, recaba las pocas respuestas que dan, las sistematiza y las traslada a aquellos ciudadanos que las demandan.

Pero cuando Moncloa percibe que tantas evasivas, silencios y mentiras perjudican a la imagen del presidente, llega el momento de silenciar al ente para que sea irrelevante. La pretensión es fingir que se cumple con una demanda objetiva de transparencia para, a la hora de la verdad, vulnerarla con todo desahogo.

Distintas informaciones de ABC en los últimos meses revelan que nueve de cada diez veces el Gobierno ni siquiera se molesta en responder, o que Moncloa ha puesto la seguridad y los secretos de Estado como excusa para no informar. Y no es casual que cuando Transparencia ha reprochado al Ejecutivo su poca colaboración para cumplir con su obligación de ser nítido ante la sociedad, se inicie un proceso de destituciones.

El Gobierno de la transparencia solo quiere tapar, encubrir y desinformar. En lugar de disponer que este organismo pueda hacer pública la mayor cantidad de decisiones del Gobierno para ser fiscalizadas éticamente por el ciudadano, Sánchez inventó una suerte de «ministerio de la verdad» para luchar contra la información «fake».

Esto es, para controlar la difusión, la censura o la interpretación de toda aquella información que considere oportuna en función de si le beneficia o perjudica. Nada más. Tan es así, que la nueva operativa consistirá en someter al organismo, de modo que si Moncloa considera que ya ha sido suficientemente transparente, se dará carpetazo a cualquier investigación.

Será Sánchez quien decida qué es materia de conocimiento público y qué no. A este respecto, la Justicia tiene aún por resolver diversas reclamaciones por una conducta tan abusiva. La de Sánchez es una transparencia a medida, ante la cual el ente debe claudicar si la presidencia del Gobierno cierra el grifo.

Es el enésimo ejemplo de autoritarismo en un Ejecutivo que o no entiende el funcionamiento de la democracia, o si lo entiende, es para sojuzgarla.

ABC