La discriminación positiva, en la justicia feminista Made in Spain, no es sino una vulneración extrema del principio constitucional de igualdad que se materializa día a día en otorgar ventajas y atajos jurisprudenciales según sexo del contribuyente desde un manoseo incesante del articulado de los códigos Civil y Penal.

Articulado que, las letradas feministas que asesoran y guían de la mano a la ministra de desigualdad, no dejan en paz y que de continuo se reescribe añadiendo una acotación que dirige la acción del juez a una culpabilización directa e inequívoca de todo varón, agravando las faltas y penas en caso de ser hombre y suavizando ambas si la actora es mujer, refiriéndonos a un mismo hecho a juzgar.

De modo que, a fuerza de telediario y prensa escrita, ambos subvencionados, ganados a una causa inconstitucional como es la desigualdad según sexos, el común de la ciudadanía, enredada sin tener conciencia de ello en la causa de un feminazismo español, ha acabado por creer que la discriminación positiva consiste en “dar ventajas jurisprudenciales y de todo orden a las mujeres que tantos años estuvieron sometidas al machismo español”, cuando eso es insostenible en una democracia y además causa más problemas que beneficios a la sociedad.

A nuestro parecer, toda discriminación positiva entendida así, además de ser incorrecto el término, es inconstitucional, porque vulnera el principio de igualdad ante la ley, desnaturaliza el Derecho, impide juzgar con equidad y daña el concepto de justicia justa.

Para la RAE, discriminación positiva es toda “protección de carácter extraordinario que se da a un grupo históricamente discriminado, especialmente por razones de sexo, lengua o religión, para lograr su plena integración social”. Dicha protección se refiere a programas, medidas o mecanismos que se diseñan para lograr la igualdad real entre dos grupos que históricamente están desnivelados.

La acción positiva, en palabras de  Laura Navarro Barabona, autora de la tesis “Acción positiva y principio de igualdad” (Universidad de Costa Rica), “tiene como fin el superar los obstáculos y las condiciones concretas que imposibilitan el logro efectivo de la igualdad, otorgando beneficios a aquellas personas que en la realidad han sido desfavorecidas como consecuencia de la discriminación, resultado de las prácticas sociales o sistemas sociales y culturales, dando mayores posibilidades y oportunidades de acceso a los derechos que como personas corresponden en igualdad de condiciones… Es importante añadir que las medidas deben ser temporales, por tanto, deben ser eliminadas una vez que la situación se corrija”.

Nada tenemos que objetar a que toda discriminación positiva esté encaminada a igualar en derechos a dos colectivos que se presentan desfasados debido a los motivos que sean, como advertimos que, si tal medida se materializa en rebasar la igualdad entre ambos, una vez alcanzada ésta, y dar ventajas a ese grupo social antes desfavorecido, entonces se vuelve a la situación de partida, ahora a la inversa.

Pero si nos referimos en exclusiva al Derecho de Familia, la discriminación positiva española, regulada por una justicia feminista desde aquel inconstitucional 28 de diciembre en que Zapatero, arrinconado por las hordas matriarcales, lleva al Congreso para su aprobación la LIVG 1/2004, dicha discriminación positiva entra de lleno en un contexto de ilegalidad, ya que afecta, por derecho y sin Derecho, a terceras personas, los hijos, menores de edad que tienen entre sus derechos básicos el poder convivir en igualdad de tiempos y condiciones tanto con su padre como con su madre, es decir, su derecho a una Custodia Compartida preferente, régimen propio de una infancia normalizada e instalada en pleno siglo XXI, no siendo éste el caso de los niños y niñas españoles, maltratados por un matriarcado vengativo y opresor que se ha hecho fuerte en todos los centros de poder y para el que los hijos son monedas de cambio, objetos de chantaje, escudos protectores y argumento con el que obtener ventajas.

Los hijos, pues, para el feminismo Made in Spain, son meros medios, instrumentos con el que lograr un fin como es acabar con la familia natural y desnaturalizar la heterosexualidad al lesbianizar a las niñas y homosexualizar a los niños desde muy tempranas edades, valiéndose de un asalto por la fuerza a la institución escolar al objeto de cumplir una hoja de ruta antes elaborada desde una ideología asocial.

La discriminación positiva a la española, esa que consiste en dar ventajas jurisprudenciales a las mujeres, dotarlas de sobrederechos a costa de dejar a los hombres con infraderechos, ya que los derechos entre sexos se rigen por el principio de los vasos comunicantes, está causando un daño irreparable a los hijos en caso de separación o divorcio de sus padres, dado que los menores tienen en ambos progenitores a personas con muy distinto tratamiento civil y penal, estando dichos menores directamente afectados por tal desigualdad jurisprudencial.

De manera que la discriminación positiva feminista de aquí, debiera referirse en exclusiva a ámbitos en los que ésta no afecte o dañe a terceras personas, en este caso a menores de edad que nada tienen que ver ni con el machismo de antes ni con el hembrismo de ahora, ya que un hijo ve y debe tener en sus padres a personas en igualdad.

Otra cosa muy distinta es querer educar a los hijos en la desigualdad desde un ministerio de desigualdad con su ministra de desigualdad, alejándolos de su padre, de cualquier hombre, maltratador y violador en potencia por el sólo hecho de haber nacido hombre, haciéndoles ver a esos hijos que sólo existe la violencia de género tal como les explica su maestra feminista en clase a esos pequeños, encerrados sin escape entre cuatro paredes, tal como se celebra en su cole feminista el día de la mujer, el día de la violencia de género, el día de la paz (“paz” feminista, se entiende), el día de la madre, el día de la mujer trabajadora, el día del colectivo LGTB

En esto, para constatar el asalto totalitario de un gobierno indecente a la red de escuelas públicas que pagamos todos y cuyo ideario nunca debiera adoctrinar en ningún credo o ideología, sino en hacer pensar al alumnado, educarlo en igualdad con mayúsculas, toda esta violación de la institución escolar, todo este maltrato a la infancia, en plena supuesta democracia, con los maestros y maestras bajo el yugo de una Inspección Educativa feminista (cargos políticos), para constatar dicho asalto totalitario, basta preguntar a un escolar cualquiera: “Oye, ¿celebran en tu colegio el día del padre?, ¿y el día del hombre?”.

José R. Barrios ( El Correo de España )