EDUCACIÓN: SÁNCHEZ CEDE

Aunque el Gobierno parece avenirse a no regular la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspendida, la ley que prepara Celaá supone una rendición en toda regla a los socios de Sánchez. Resulta inadmisible que, en un contexto de abierta rebeldía, el Gobierno entregue a Cataluña la decisión de qué materias se dan en castellano y que lo haga, para mayor escarnio, apelando a la «lealtad institucional» de las autonomías.

Según consta en el anteproyecto de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, desvelado por EL MUNDO, la reforma educativa que está muñendo la ministra del ramo elimina la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano en una proporción «razonable», y liquida los mecanismos para garantizar una enseñanza en castellano a las familias que lo reclamen, tal como dictó el Constitucional.

Además, la ley Celaá contempla que la Religión deje de ofertarse de forma obligatoria en Bachillerato, lo que puede interpretarse como una cesión de Sánchez a Podemos y la izquierda radical de la que es rehén.

Que el Estado, a lo largo de las últimas cuatro décadas, nunca haya tenido voluntad de hacer funcionar a la Alta Inspección en educación no debería disuadir al Ejecutivo de utilizar los instrumentos legales a su alcance para garantizar la igualdad. Lo que se antoja surrealista y bochornoso es que Celaá invoque la «cooperación» con los gobiernos autonómicos en una materia que el independentismo ha usado de ariete de su proyecto rupturista y segregador. A la felonía de la Generalitat se suma ahora la rendición incondicional del Gobierno de la Nación.

El Mundo