El penoso ‘apartheid’ lingüístico que el independentismo lleva años poniendo en marcha en Cataluña y en Baleares para señalar y estigmatizar a alumnos cuyos padres exigen la enseñanza en español se está extendiendo a la Comunidad Valenciana.

La denuncia de un estudiante de formación profesional con dificultades para hacer sus exámenes en la lengua valenciana, y al que se ha expedientado, revela que la intransigencia de esta suerte de ‘policía lingüística’ instalada en colegios, institutos y centros de formación resulta altamente contagiosa.

En el fondo subyace un creciente odio a lo español, y una amplificación del sentimiento identitario hasta convertir en una exclusión lo que no es sino el derecho esencial de cualquier ciudadano a expresarse en su lengua oficial.

Lo cierto es que esto no ocurre en ningún país del mundo: en ninguno se embiste contra su propia lengua como si fuese una ofensa.

Esta expansión de la irracionalidad avanza demasiado deprisa.

ABC