A pesar de que el propio Ministerio de Sanidad anunció ayer el aumento de la incidencia acumulada y una imparable subida del número de contagios, Salvador Illa continúa comportándose como el candidato a la presidencia de la Generalitat.

Hace semanas que ha renunciado a sus responsabilidades de gobierno y desoyendo la desesperada petición de las comunidades autónomas para que revise las condiciones del estado de alarma y les dé cobertura legal para endurecer las medidas de prevención, el ministro de Sanidad solo atiende a los sondeos que el CIS de Tezanos parece haber elaborado obscenamente para condicionar el voto en las próximas elecciones autonómicas y facilitar la victoria del PSC.

Esa es la razón por la que algunos presidentes autonómicos están llamando a una auténtica rebelión contra el Gobierno, ya que la aparente parálisis de Illa solo responde a una calculada estrategia para no tener que tomar ninguna decisión que pueda perjudicar a su candidatura electoral en Cataluña. Y con ese propósito Illa no ha dudado en llevar a los tribunales la decisión del Gobierno de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20:00 horas, poniendo en riesgo a gran parte de la población española.

Nuevamente se demuestra que las reiteradas invocaciones a la cogobernanza no son más que mera retórica propagandística y un subterfugio para diluir la responsabilidad gubernamental, tanto en el control de la tercera ola de la pandemia, como en la coordinación eficaz del proceso de vacunación.

Resulta del todo inaceptable que la Comunidad de Madrid -a la que el Gobierno ha convertido en su diana política- haya suspendido el plan de vacunación a los sanitarios que están en primera línea de combate de la covid-19 y a los principales grupos de riesgo por carecer ya de dosis suficientes.

Una falta de previsión del Gobierno, que ha centralizado la compra de las vacunas y que solo puede ser tachada de irresponsable, ya que el retraso en la vacunación masiva de la población puede provocar contagios y muertes que podrían ser evitables. Illa debe colaborar con las CCAA y desistir de una postura autoritaria y unilateral cuyas fatales consecuencias puede terminar pagando la ciudadanía.

Illa nunca ha estado a la altura del cargo, para el que cada vez es más en evidente que lo promovieron con la intención de proclamarlo luego candidato del PSC. Y a esta nula capacidad para liderar la estrategia sanitaria, se le ha unido ahora una campaña electoral en la que el ministro de Sanidad es juez y parte.

Sin decoro alguno, ha demostrado lo poco que le importa la salud pública de los españoles y las consecuencias económicas que está provocando la prolongada parálisis de la actividad comercial. Por eso están los socialistas forzando la celebración de los comicios el 14-F, tras haber contribuido a su judicialización

Las ambiciones electorales son legítimas en toda democracia. Pero no a costa de poner en riesgo la vida de los españoles y de hipotecar la viabilidad económica del país.

El Mundo