No ha pasado ni una semana desde la aprobación del estado de alarma hasta mayo y ya se ha quedado caduco. Este plan resulta insuficiente para atajar la transmisión. Las autoridades sanitarias, al igual que ocurrió en la pasada primavera, continúan yendo detrás del virus.

El Gobierno, gracias al voto favorable de sus socios, impuso una legislación que, en la práctica, traspasa el peso de la gestión a las comunidades. Esta descentralización sería oportuna si Sánchez, tal como le ha propuesto Casado, se hubiera abierto a reformar la legislación ordinaria en materia de sanidad; y si la hoja de ruta se ajustara a una planificación previsible y a un marco nacional nítido, tal como ocurre en Alemania.

En nuestro país no tenemos ni una cosa ni la otra. El resultado es el caos normativo justo cuando arrecia la segunda ola. El socialista Adrián Barbón, en un gesto que revela el fracaso de una estrategia que hace unos meses parecía modélica, pidió ayer al Gobierno autorización para decretar un confinamiento domiciliario en Asturias. Illa negó «rotundamente» esta opción.

A tenor de lo manifestado por varios presidentes autonómicos, podríamos estar ante una petición de confinamiento en cascada, calcando lo que ya ocurrió con el toque de queda. La imprevisión era inadmisible en la primera ola y lo es aún más ahora. España puede pagar caro las consecuencias de este negligente desbarajuste.

El Mundo