A noche se cerró la campaña electoral catalana más atípica de la democracia. La judicialización de su fecha de celebración, la arbitraria excarcelación de líderes separatistas para campar libremente por los mítines, o la sustitución del ministro de Sanidad en plena tercera ola de una pandemia que promete aumentar la abstención, convierten el resultado de estas elecciones en muy incierto.

Con todo, lo más preocupante para la salud democrática de Cataluña a partir de ahora es el previsible desinflamiento de los partidos constitucionalistas, inmersos en una profunda depresión y con expectativas muy a la baja.

Ciudadanos, que ganó las últimas elecciones con Inés Arrimadas -ni siquiera amagó con gobernar-, ha visto desnaturalizado su proyecto. No goza del empuje y la movilización de años atrás y los sondeos les penalizan hasta solo una decena de escaños.

A su vez, el PP está a la espera de que Vox no le supere en escaños una vez que parece garantizado su acceso al Parlament. Sería demoledor para el PP, un partido con vocación de gobernar España, porque una presencia residual tanto en el País Vasco como en Cataluña le dificulta todo sobremanera.

Vox, por su parte, ha vivido una campaña de agresiones a sus líderes impropia de cualquier democracia. Ya los sufrieron en el pasado dirigentes del PP y de Ciudadanos, acosados en mítines, en sus sedes, en negocios de familiares, y hasta en sus domicilios.

Así de invasiva y tóxica es la atmósfera en la que sobreviven los partidos constitucionalistas en Cataluña, y así de dramático será que sus votantes tradicionales decidan, por desánimo, por frustración o por pérdida de confianza, quedarse en casa y no acudir a las urnas.

El mal del centro-derecha constitucionalista reside en no haber sabido aprovechar la potente movilización que llegó a tener hace solo cuatro años frente al independentismo. Pero sobre todo, reside en una fragmentación de la elección de voto, en una competición de liderazgos tan legítima como absurda, y en su incapacidad para presentar una única alternativa solvente y homogénea en defensa de la democracia.

El resultado es que el separatismo y sus agresiones constantes al Estado de Derecho ganan una batalla crucial en detrimento de las libertades y de la supervivencia económica de Cataluña. Esa batalla se sustanciará además en nuevas iniciativas, incluso unilaterales, para promover la secesión de Cataluña y la fractura social, porque pese a la división interna en el separatismo causada por el fracaso del ‘procés’, su objetivo sigue intacto. Su obsesión -«lo volveremos a hacer»- no es un simple lema de campaña. Es un compromiso real para volver a tensionar a España.

Caso aparte es el PSC, al que tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa presentan como icono de una suerte de constitucionalismo comprensivo con el soberanismo y tendente a implantar un modelo federal del Estado. Sin embargo, no caben las medias tintas por muy dialogante que se quiera ser.

No se puede estar con la Constitución y cediendo ante quien pretende derogarla. No se puede estar con la unidad de España y pactar con quienes desean romperla. Y no es posible mezclar fórmulas equidistantes que terminen concediendo a Cataluña la falsa idea de que es una nación.

El PSOE falla en todo. Aunque ahora Miquel Iceta se haya disculpado, el PSC defendió el derecho a decidir, algo que no está regulado y que es contrario a la Constitución. Se comprende que tácticamente Illa quiera maquillar al PSC y presentarlo como el sustituto de Ciudadanos. Pero a día de hoy, la defensa que hace el PSC del constitucionalismo es nula porque no se puede ejercer solo a tiempo parcial.

Ya se encarga Sánchez cada día de demostrarlo.

ABC

viñeta de Linda Galmor