Tengo dicho que no paramos de mejorar. Una de las consecuencias del coronavirus, quizá una buena, puede ser un serio replanteamiento del disparate que es que un país de medio millón de kilómetros cuadrados esté dividido en 17 comunidades autónomas y dos ciudades con casi las mismas competencias que la comunidad de Andalucía, que tiene ocho millones y medio de habitantes o que la de Castilla y León, que suma más de 94.000 kilómetros cuadrados.

El disparate de la gestión del Gobierno de la nación en la pandemia que padecemos nos ha llevado a que, a pesar de padecer una reclusión mayor a la de ningún otro país entre nuestros pares occidentales, tengamos unos resultados que nos ponen a la cabeza en el ranking de gestiones incompetentes.

Así que el pasado martes, el presidente del Gobierno decidió lavarse las manos y pasar los muertos a las comunidades autónomas, que son las que ahora, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, podrán pedir la declaración de estados de alarma para la totalidad o parte de sus territorios. Lo que yo no entiendo es por qué el 116 es válido ahora y no lo era en marzo.

La única diferencia es que entonces Sánchez quiso asumir poderes cuasi dictatoriales y hogaño ni Iván Redondo es capaz de disimular el desastre en que ha concluido todo lo que se hizo durante 98 días de Estado de alarma que se nos anunció que acababan con la derrota del virus.

Todavía me acuerdo del recochineo de la retroprogresía cuando George Bush aterrizó en un portaaviones en el golfo Pérsico y proclamó la victoria de los Estados Unidos en Irak. La diferencia está en que entonces los muertos de los que hablaba la izquierda española estaban a miles de kilómetros de nuestras fronteras. Hoy pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros consortes. Pero no hay vergüenza para reconocer el error.

En este Estado autonómico Sánchez ha contagiado su ego napoleónico a quienes ahora tienen las competencias sanitarias. Y en estos días hemos visto un ejemplo espeluznante en la comunidad de Cantabria, mi tierra.

Según confiesa el consejero de Sanidad de aquel Gobierno, el socialista Miguel Rodríguez, «en la primera semana de este mes los nuevos infectados crecieron un 123 por ciento; en la segunda un 70 por ciento; y en la tercera un 9 por ciento. Esto muestra una tendencia claramente descendente que esperamos se consolide al final de la cuarta semana».

No puedo estar más de acuerdo con el consejero. Pero, a continuación Rodríguez ha incitado a toda la población de Cantabria a denunciar a «los que sepan de gente que debe estar confinada y no lo cumple, que nos lo comunique o que se lo diga a las fuerzas de seguridad.

No podemos permitirnos que gente que tiene que estar confinada esté danzando por la calle». Por supuesto que el que tiene que estar recluido no puede pasearse libremente. Pero no se puede permitir que desde un Gobierno democrático se pida a la población que adopte formas de actuación más propias de las peores dictaduras de la historia de la Humanidad: la de la Alemania nazi o la de la Alemania ocupada por los soviéticos.

Se pide a los ciudadanos que se conviertan en soplones y denuncien a un vecino que está paseando y del que se puede sospechar que está enfermo porque le han visto toser o porque estuvo un día en un bar donde se vio a otra persona que después dio positivo en un análisis. ¿Se dan cuenta de cuántos ciudadanos de bien quedan indefensos frente a los ataques de vecinos que por cualquier envidia les puedan tener enfilados?

De verdad que no paramos de mejorar.

Ramón Pérez-Maura ( ABC )

viñeta de Linda Galmor