EL DEBER DE HACER JUSTICIA

Salvo imprevistos de última hora, Quim Torra, el designado por Puigdemont, será investido hoy presidente de la Generalitat en segunda votación en el Parlamento de Cataluña. Las cuatro abstenciones de los antisistema de la CUP facilitarán que el aspirante que ha hecho del fanatismo y la xenofobia sus señas de identidad ocupe la más alta responsabilidad regional como sustituto-títere del prófugo de Berlín. El Consejo Político de los cuperos apostó por dar vía libre a la que se presume como una nueva fase del golpe secesionista por mucho que explicaran de forma patética su posición como un no apoyo ni a Torra ni a la gobernabilidad.

Cataluña tendrá nuevo presidente y sobre su persona recaerán las consecuencias de las decisiones que adopte su gobierno por mucho tiempo excepcional al que se refiera y por mucho que Puigdemont guíe sus actos. Ese nuevo proceso constituyente de la república, la recuperación de todas las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, la apertura de embajadas y la voluntad de someterse únicamente a los designios de la Cámara autonómica y no a las resoluciones de los tribunales, no serán iniciativas de gobierno inocuas, sino actuaciones inicuas que tendrán sus efectos.

Porque Torra, como el resto de los separatistas llamados a ostentar algún cargo público en la etapa que arranca, puede ser un candidato de los denominados «limpios», sin causas judiciales a diferencia de sus predecesores, pero eso no garantiza que los hechos futuros no respondan a sus palabras pasadas. Más bien al contrario. La Justicia no depende de los tiempos políticos. Ni puede ni debe condicionarse a ellos. Únicamente tiene que responder a su deber de preservar el principio de legalidad sobre aquellas conductas que atentan contra él.

Quienes defienden que los tribunales sean permeables a factores o circunstancias exógenas, ajenas al Derecho, lo que en realidad quieren es una Justicia al dictado, pero eso es propio de otros regímenes que no son las democracias liberales. Tanto Torra como Artadi, Pujol y, por supuesto, los políticos presos por su participación en el ataque al orden constitucional no pueden esperar que el Tribunal Supremo u otras instancias modifiquen lo que ha sido una línea de actuación ortodoxa y ejemplar, sujeta estrictamente a fundamentos jurídicos y con plenas garantías para los encausados.

Veremos en los próximos días o semanas como la instrucción del juez Pablo Llarena concluye y se abre la fase del juicio oral con las consecuencias que el tribunal decida en su momento, como también comprobaremos como otros juzgados prosiguen con sus investigaciones sobre otros implicados en la asonada secesionista. Ni las resoluciones del nuevo gobierno catalán ni las del Parlamento pueden condicionar lo más mínimo el devenir de la Justicia y no lo harán.

En todo caso, que Puigdemont, Torra y los suyos tengan tomada la decisión de persistir en su ataque a la unidad del Estado y al ordenamiento jurídico vigente en una actitud de abierta rebeldía agravará el horizonte de los políticos encarcelados pues demostrará que el riesgo de reiteración delictiva se mantiene y, lo que es peor para ellos, que, como avisó el juez Llarena en el auto que confirmó la prisión provisional de Jordi Sánchez, se ha restablecido «la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la CE».

Hay que estar preparados para lo peor. El Estado está obligado a responder con firmeza en defensa del marco constitucional, que lo es de la libertad, sin renunciar a ninguna de las opciones de las que dispone.

La Razón

viñeta de Linda Galmor