La resolución dictada por un juez de Barcelona en la que justifica la detención de veintiún expolíticos y empresarios de la máxima confianza de Carles Puigdemont refleja hasta qué punto llegó el delirio del separatismo en los meses previos al intento de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.

Según el auto judicial, hubo negociaciones secretas con el Gobierno ruso más propias de un guion de espías que de un Ejecutivo autonómico racional; se intentaron adoptar «criptomonedas a la catalana» para zanjar su deuda pública; hubo contactos interpuestos con un delincuente internacional como Julian Assange, experto en manipulación y agitación social; y existió el supuesto ofrecimiento ruso de trasladar 10.000 soldados a Cataluña para garantizar su independencia y convertirla en una nueva Suiza en plena España.

Y todo ello, con previsión de muertes si era preciso, según concluye el juez. Si estos hechos, aparentemente acreditados incluso con conversaciones telefónicas, no hubiesen sido transcritos negro sobre blanco por un juez, sencillamente no habrían podido pasar por la imaginación de nadie por increíbles.

Pero es que todo resultó inimaginable en el intento golpista. Ahora quedan al descubierto tres nuevas tramas paralelas que arrojan luz sobre la compleja estructura que Puigdemont organizó en torno a una ensoñación enfermiza.

Primero, la red de empresarios de confianza de la que se rodeó para fugarse de España e instalar una suerte de poder paralelo de la Generalitat en Waterloo. Segundo, una tupida red de corrupción de algunos de esos empresarios y exdirigentes políticos -han sido detenidos Xavier Vendrell, exconsejero de ERC, y David Madí, alma mater de Artur Mas- para lucrarse con burdos manejos de comisiones y recalificaciones urbanísticas.

Y tercero, la financiación del movimiento social Tsunami Democratic, que al parecer recibió fondos de diputaciones catalanas, originariamente destinados a fines sociales, para pagar la movilización de los disturbios en Cataluña tras dictarse la condena de los líderes del «procés» por sedición.

Si se compara la envergadura de esta estructura organizada y criminal con la saga-fuga de Puigdemont en el maletero de un coche, su huida de la Justicia resulta casi una anécdota.

Los indicios que apuntan a la malversación de dinero público para financiar actividades ilícitas del separatismo, e incluso la manutención de Puigdemont en su falso «exilio» imaginario, son especialmente graves. Demostrarían una trama delincuencial perfectamente jerarquizada y orientada a un fin subversivo contra el Estado de Derecho.

Tal era el nivel de alucinación política en la Generalitat que según una conversación telefónica intervenida, «Puigdemont se cagó en los pantalones». Por eso, la «caja de resistencia», ese eufemismo utilizado para chantajear a los catalanes, era solo una coartada.

Todo era una farsa destinada a pervertir el sentimiento de los catalanes y agitarlos contra las instituciones españolas. Hasta la consigna del inhabilitado Torra -aquel «apreteu, apreteu»- era mentira. Era una cobertura para que Puigdemont pudiera vivir a cuerpo de rey en Waterloo, para que sus familiares gozasen de un sueldo y para que sus amistades se apropiasen de dinero sucio.

Tan amplia era la red que hasta una productora con vínculos directos con TV3 participó de la estrategia internacional de descrédito contra España. Son los vasos comunicantes de una auténtica red de extorsión emocional a los catalanes, separatistas o no, y de un fraude masivo ideado con el único objetivo de hacer daño a España.

ABC

viñeta de Linda Galmor