Desde que se iniciara la Cruzada social/comunista/separatista contra Franco y todo el que ose defenderle; una suerte de Causa General, expresamente prohibida por la Constitución, como bien sabe el Baltasar Garzón Juez, se ha desatado sobre la historia y unos muertos a los que se quiere juzgar y condenar, sin posibilidad de defensa.

Para ello, todo el estado de derecho lo han convertido en desecho y toda justicia en dócil servidumbre al poder, en este caso. No lo han tenido muy difícil, dada la ausencia de oposición en la batalla cultural e ideológica.

Nos sorprendíamos al ver en televisión al “Gorila Rojo”, Hugo Chaves, decretar a capricho: “exprópiese”, cuando el derecho y la propiedad le perturbaba. Aquí se hace con más sutileza, pero idéntica eficacia.

El procedimiento consiste en que no acierte la mano con la herida; es decir, establezco mediante ley o Decreto-Ley, les da igual, una norma de “caso único”, también prohibida por la jurisprudencia y la legislación constitucional, y a esperar que, los medios de comunicación primero y los jueces después, hagan su trabajo: “para eso los nombramos nosotros”. ¿Quién manda en la Fiscalía? Pues eso. ¡Y creíamos haber superado la Edad Media, donde la justicia emanaba del Rey! Al menos, entonces, el Rey no era, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias.

Lo qué esta ocurriendo con la propiedad original de Franco, desde 1938, en el Municipio de Sada, y antes, con la profanación de su tumba, supera lo admisible, en época de normalidad y debería alertar a cuanto ingenuo, genuflexo, bien pensante o acomodaticio quede en España. Ningún gobierno y menos si se dice democrático, puede ser juez y parte. Aquí si.

La Juez Marta Canales, no ha mostrado ningún rubor en seguir al pie de la letra lo señalado por la abogacía del estado o la Junta de Galicia; aunque para ello tuviera que proscribir lo más elemental de un pleito: “no decidir sobre lo que no ha sido objeto del mismo”. Pero tal conducta prevaricadora no le acarreará mayor perjuicio que el de la etiqueta de “la meiga de Meirás”, por toda la eternidad.

La Sentencia no sobrepasa la catalogación de una “cagarruta judicial”, adornada de un copioso y farragoso relato de más de trescientas paginas, cuya base y fundamento es el libelo de dos seudo-historiadores, Carlos Babío Urkidi y Manuel Pérez Lorenzo.

Quienes, sin explicar su ciencia infusa, consiguieron entrar en la intencionalidad de los compradores/donantes Pedro Barrié de la Maza y demás, para saber que la entrega del inmueble no era a titulo personal, sino al jefe del Estado. Los ochenta años transcurridos, lo prescrito en el código civil, todo lo que figura en el registro de la propiedad y las evidencias habidas, carecen de importancia para el derecho de su señoría.

La ejecución de sentencia, instada por la Abogacía del Estado, sin esperar la firmeza de la misma, denota la intencionalidad expoliadora del Estado y el nulo respeto del gobierno central y el autonómico a la propiedad, la posesión, y la no firmeza de una sentencia.

Se trata de impedir de facto, que ninguna instancia superior se atreva a modificarla. Medio de coacción que va hasta los muebles y enseres de los legítimos propietarios a los que también se les impide llevárselos, como si hubieran sido objeto del pleito. La comunidad jurídica está perpleja y soliviantada ante tamaña tropelía, revestida del manto de legalidad judicial.

No existe, fuera del sacerdocio, la milicia y la medicina, apostolado más noble que el del hombre de derecho. La ley, el derecho, no puede ser una mera orden amparada por la coacción del rey Sánchez. Es una ordenación racional dirigida al bien común, razonabilidad que viene demostrada por su inserción en un conjunto de precedentes. Pero no basta que haya una Constitución y buenas leyes, sino que es necesario que los jueces las apliquen con prudencia y buen sentido.

El derecho es parte de la sabiduría con la que se debe gobernar el mundo. No está, por tanto, separado, ni distanciado de la moral a la que orienta. La amenaza que significa el gobierno de Sánchez por su desprecio de la razón y la ley, lleva a la sociedad al desorden o a un gobierno despótico.

La justicia es el objeto de la ley civil; si la ley civil se hace injusta o ampara la injusticia debe ser corregida o desechada. Es claro que en el asunto del Pazo de Meirás se han desvirtuado las normas jurídicas y el procedimiento para expoliar una propiedad en razón de quién fue su titular.

Jaime Alonso ( El Correo de España )

viñeta de Linda Galmor