El Congreso de los Diputados aprobó ayer la octava ley educativa durante la democracia, conocida como «ley Celaá», con la previsión de que sea remitida de inmediato al Senado, y devuelta a la Cámara Baja sin modificación alguna para ser aplicada el próximo curso escolar.

Con esta ley, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consagra la demolición de la educación concertada, perfila la desaparición en diez años de los centros de educación especial, deroga la obligatoriedad de utilizar el castellano como lengua vehicular en las aulas, diseña la progresiva erradicación de la religión, y cultiva la ley del mínimo esfuerzo, de modo que la superación de cursos incluso con asignaturas suspendidas sea una constante. Pero ante todo, con esta normativa el Gobierno incurre en una transgresión de la libertad.

La conculcación de libertades no solo deja a los padres sin opción de elegir el centro escolar que deseen para sus hijos, o de disfrutar de un concierto económico que fue diseñado precisamente por el PSOE en 1985, sino que todo en esta ley rezuma sectarismo político y adoctrinamiento ideológico.

Se trata del enésimo proyecto de ruptura con el que este Gobierno, empeñado en enfrentar a media España contra la otra media, pretende radicalizar a la sociedad en lugar de encontrar puntos de encuentro para un modelo de enseñanza útil que en ningún caso supone un menosprecio a la educación pública.

Esa es la coartada más falsa con la que Sánchez ha pretendido justificar un atropello a las garantías constitucionales y a los derechos de cientos de miles de familias.

Alardes de ingenuidad aparte, nadie en España confiaba en que, con Sánchez, la izquierda fuese a promover un pacto de Estado por la educación con la oposición. Pero tampoco era imaginable que llegara tan lejos con una norma que ofende el sentido común y perjudicará la calidad de nuestro ya maltrecho sistema educativo.

En democracia, cada norma tiene un valor singular. Pero del mismo modo que las leyes de presupuestos generales son las más relevantes en toda legislatura porque condicionan el presente económico de un país, cada ley de educación condiciona el futuro.

Es la base moral sobre la que se asienta el porvenir de una nación, la que forma a sus niños y jóvenes, y la que inculca -o debería inculcar- los principios inherentes a una democracia. Sin embargo, la «ley Celaá» tiene trazas de inconstitucionalidad desde sus propios pilares.

Por eso resulta forzoso que la oposición la impugne con urgencia ante el TC el mismo día en que se publique en el BOE. Es la raíz del proyecto ideológico de Sánchez para España: una sociedad de doctrina única, incapaz de pensar por sí misma, revanchista, y dirigida por ministerios de una «verdad absoluta» impuesta con los criterios exclusivos de la izquierda. Su plan para la transformación de España pasa así por una involución democrática desde los colegios a través de una compleja trama de ingeniería social que maquille como un canto a las libertades lo que no es sino su vulneración sistemática.

El Gobierno lo está intentando con la separación de poderes, con el acoso a la independencia judicial, y ocultando su gestión real contra la pandemia pese a los reproches y la preocupación de Europa. Y además, sin consensuar nada con nadie, salvo con sus socios nacionalistas e independentistas, o con Bildu, ya dramáticamente incorporado a la «dirección del Estado», en palabras de Pablo Iglesias.

Sánchez ha utilizado la educación como moneda de cambio para comprar la estabilidad de su legislatura para cuatro años. Y lo ha hecho con una tramitación exprés y sin consensuar un solo artículo con ningún colectivo afectado, algo inédito. Esas son las maneras excluyentes de un Gobierno sumiso ante el chantaje y entregado a que Iglesias y el nacionalismo minoritario controlen España.

El sometimiento del PSOE a Sánchez resulta alarmante porque nunca se actuó con tanto desprecio contra la comunidad educativa. Sin embargo, no es de extrañar. El socialismo, muchos de cuyos dirigentes llevan a sus hijos a colegios concertados, ya apuntaba maneras desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo de ahora es solo la última fase de aquel proyecto revisionista de nuestra historia para iniciar uno nuevo.

Tras la «ley Celaá» llegará la aprobación de la eutanasia, una vuelta de tuerca al aborto libre, la restricción de la libertad religiosa, falsas interpretaciones de la igualdad y la sexualidad que rechazan hasta los colectivos feministas, el intervencionismo absoluto en los hábitos de consumo, un control fiscal del ciudadano cuasi-soviético, la reescritura de la historia…

Y para entonces el PSOE habrá conseguido que el español deje de existir en algunas autonomías. Cuestión de pocos años. Sánchez ya no se contenta con recortar libertades por un solo voto. Las deroga, y de ahí el grito de la oposición exigiendo «libertad».

En el fondo, a millones de familias les hurtaron ayer otra porción de libertad.

ABC