Después de que Pedro Sánchez declarase eufórico a finales de junio que se había logrado vencer a la pandemia, el Gobierno no solo se desentendió de su labor de coordinación con las CCAA de las nuevas medidas preventivas para evitar que en la esperada segunda ola de contagios ocurriese lo mismo que en los fatídicos meses de marzo y abril, cuando una tardía reacción del ministerio de Sanidad provocó más muertes de las inevitables.

Hizo algo más. Como en El perro del hortelano, la conocida obra de Lope de Vega, el Gobierno renunció a liderar la gestión en la lucha contra la Covid-19, pero en lugar de facilitar la tarea a las comunidades autónomas parece empeñado en entorpecerla.

Tal y como publicamos hoy, el ministerio de Sanidad ha destinado a su «reserva estratégica» la mayor parte del material sanitario que fue comprando durante meses, en lugar de repartirlo a las consejerías de Salud de cada comunidad.

Se estima que solo ha distribuido el 24% de los EPIs comprados y el 18% de los más de 800 millones de mascarillas adquiridas, materiales por los que en algunas ocasiones ha pagado comisiones superiores a un 3%.

Las condiciones en las que se hicieron muchas de esas compras continúan siendo opacas, por la negativa del ministro Illa a dar detalles de las mismas, pero lo cierto es que en los hospitales y centros de salud de toda España sigue habiendo necesidad de guantes, mascarillas, gafas de protección, batas desechables, solución hidroalcohólica, kits de PCR o dispositivos de ventilación mecánica, encargados cuando el Ministerio de Sanidad asumió las competencias exclusivas de compras. Es cierto que una parte del material contratado aún no ha llegado, pero es lógico que las CCAA reclamen al Gobierno explicaciones convincentes de por qué no se les dan los medios que necesitan.

Si ya es grave que el Gobierno haya pasado de la negligencia en la gestión a la pasividad, más aún lo es que no facilite a las CCAA que puedan realizar eficazmente su trabajo.

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