EL GOBIERNO, CONTRA LA JUEZ Y EL PERITO

Ni la Abogacía ni la Fiscalía parecen dispuestas a formar parte de la acusación en la causa que instruye la juez Rodríguez-Medel para determinar si el Gobierno actuó con la prudencia necesaria cuando permitió la manifestación del 8-M.

Su intención, siguiendo directrices del Gobierno, no es otra que la de frenar la investigación y que la Justicia no pueda exigir responsabilidades por las evidentes negligencias de un Ejecutivo que reaccionó tarde y torpemente.

Esta es la razón por la que la abogada del Estado, Rosa María Seoane, lleva días criticando a la jueza -a la que acusa de querer montar una «causa general»-, a la Guardia Civil -a la que tacha de «sesgada»- y ahora también al forense del caso, cuyos informes, dice Seoane en su recurso, no tienen «sustento técnico».

Unas maniobras que ponen en evidencia que Sánchez e Iglesias conciben la Justicia como un instrumento más a su servicio.

El Mundo