El Gobierno se ha instruido en las páginas de «1984», formidable obra de George Orwell, para redactar su Ley de Memoria Democrática. El texto se asemeja tanto a lo descrito por el célebre periodista y escritor británico cuya pluma desnudó las vergüenzas del comunismo, que no puede tratarse de una coincidencia. ¡Han copiado!

En la novela, el Ministerio de la Verdad (sarcástica nomenclatura habida cuenta de su cometido) se encarga de alterar la Historia adaptándola constantemente a lo que en cada momento conviene al Partido, controla a los medios de comunicación, difunde propaganda oficial y da forma al concepto «verdad» con arreglo al neolenguaje que convierte la paz en la guerra, la libertad en la esclavitud o la ignorancia en la fuerza. ¿Les suena?

Algo muy parecido pretende la ley alumbrada por nuestra coalición social-podemita, cuyo título constituye también un embuste por partida doble. En primer lugar, porque la memoria es algo personal en lo que el Estado no debería inmiscuirse, so pena se adentre en el pantanoso terreno de la ingeniería social como ocurre en la distopía de Orwell o cada vez más en la España actual.

En segundo lugar, porque si de lo que hablamos es de Historia, de hechos acaecidos en el pasado, estos no son ni dejan de ser democráticos. Son lo que son; acontecimientos susceptibles de estudio, análisis, contraste, interpretación y controversia.

En eso consiste la labor de los historiadores, profesores o divulgadores en las naciones donde se respetan las libertades de cátedra, investigación, opinión, creación y expresión, entre otras. O sea, en las naciones que no pervierten la democracia usando y abusando de su nombre o bien poniéndole apellidos engañosos.

El Ejecutivo que presiden Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretende reescribir por ley lo acontecido en España desde 1934 con el fin de convertir a los vencidos de la Guerra Civil en vencedores y a los vencedores en vencidos, haciendo mangas y capirotes del ejemplar ejercicio de reconciliación que conocemos como Transición y se basó en el propósito común de pasar página de aquella tragedia en aras de construir juntos una España plural y próspera.

Pretende dinamitar los consensos alcanzados entonces para sentar las bases de un cambio de régimen donde quede prohibido pensar con cabeza propia y discrepar de cualquiera de los dogmas incluidos en la doctrina mal llamada «progresista», empezando por el que presenta una república intachable de ciudadanos felices arrollada por la barbarie de unos militares «fachas» que acabaron reinstaurando una monarquía ilegítima.

Pretende hacernos olvidar los cincuenta mil muertos que deja tras de sí la pésima gestión gubernamental de la pandemia que nos aflige hoy, en este momento, exhumando a los que llevan más de ochenta años bajo tierra.

Pretende ignorar dos leyes de amnistía aprobadas por abrumadora mayoría, a costa de grandes renuncias, pero hacerlo de forma selectiva y sectaria; esto es, desamparando a quienes pudieran haber protagonizado algún hecho delictivo desde las filas del franquismo sin privar de impunidad a las decenas de terroristas con las manos manchadas de sangre que se beneficiaron de esos indultos, a menudo para volver a matar.

En definitiva, pretende imponernos una única visión sesgada y partidista de lo acontecido en nuestro país durante el último siglo para así facilitar la magna siembra demagógica y falsaria que ha de sustentar su proyecto liberticida.

La Ley de Memoria Democrática no es solo una cortina de humo. Es un misil en la línea de flotación del sistema constitucional. Un arma de gran calibre cuya finalidad es convertir nuestra ignorancia en su fuerza.

Orwell puro.

Isabel San Sebastián ( ABC )