EL GOBIERNO DE PLIEGA AL PNV Y HUMILLA DE NUEVO A LA VÍCTIMAS

EL GOBIERNO de Pedro Sánchez ha comenzado ya a pagar la factura pendiente que tiene contraída con los nacionalistas vascos desde que éstos, tanto los conservadores del PNV como los radicales de EH Bildu, le dieran su apoyo en la moción de censura que le llevó a La Moncloa. El viernes, el Consejo de Ministros aprobó retirar el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto el Ejecutivo de Rajoy contra la ley vasca de Abusos Policiales, impulsada por Urkulluy aprobada por la Cámara autonómica. Todo un insulto y una falta de respeto a las víctimas del terrorismo, a las que, de prosperar la norma, se las podría equiparar a los etarras que supuestamente sufrieron torturas a manos de las Fuerzas de Seguridad.

De esta manera, el Gobierno socialista asume las exigencias del PNV, a pesar de que hace tan solo unos días el propio Tribunal Constitucional tumbó una ley similar en Navarra, recurrida por la Abogacía del Estado, por el riesgo de “conculcar derechos fundamentales de todos cuantos pudieran verse sometidos o expuestos al escrutinio de la comisión”, un órgano de carácter político sin validez jurídica.

Y es que ambas leyes, gemelas en sus intenciones y su gestación, prevén la creación de una comisión de supuestos expertos nombrada por los nacionalistas que, al margen de lo que dicten las resoluciones judiciales y en base a testimonios unilaterales y sin contrastar, determine qué miembros de la Guardia Civil, la Ertzaintza o la Policía Nacional pudieron haber cometido torturas contra miembros de la banda terrorista ETA desde los años 50.

La norma vulnera de pleno el artículo 117 de nuestra Carta Magna, que establece que la “potestad jurisdiccional” corresponde en exclusiva a “los Juzgados y Tribunales”. No se entiende que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que además de ser juez acumula una larga experiencia en la lucha antiterrorista, haya permitido semejante aberración jurídica, desoyendo, además, las advertencias que le han formulado sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y colectivos de víctimas del terrorismo.

Pero aparte del desprecio al Estado de derecho, esta ley tiene para los nacionalistas vascos una importancia simbólica determinante en su empeño por reinventar la Historia y en la creación de un relato exculpatorio para los asesinos. Porque la ley habla de la existencia de un contexto de violencia política en el cual habría que enmarcar la acción de ETA, dando así cobertura ideológica a la versión bastarda que intenta explicar lo ocurrido como un conflicto entre dos partes con la misma legitimidad.

Un Gobierno legal en origen pero que no ha sido legitimado en las urnas no puede tomar decisiones como ésta o como la de acercar los presos etarras a cárceles del País Vasco, otra de las exigencias del PNV por su apoyo. La reciente historia de España demuestra que someterse al chantaje nacionalista tiene consecuencias perniciosas para la estabilidad nacional.

El Mundo ( El Mundo )