Aunque Pedro Sánchez interpretase ayer de nuevo el papel de presidente dialogante, tendiendo la mano a los ayuntamientos que se niegan a aceptar un decreto ley que consideran confiscatorio, lo cierto es que María Jesús Montero y Abel Caballero, los dos artífices del apaño mediante el cual el Gobierno pretende apropiarse del ahorro de las corporaciones municipales, ya han advertido que no renunciarán a sus ambiciones económicas.

Una actitud inexplicable por cuanto el fallido acuerdo con la Federación de municipios (Femp), donde el alcalde de Vigo tuvo que hacer valer su voto de calidad, se convirtió en papel mojado desde que fue rechazado por la mayor parte de los ayuntamientos, incluidos el de la Barcelona de Ada Colau y algunos gobernados por el PSOE.

No se trata por tanto de un frente único liderado por el PP, sino de alcaldías de todos los colores políticos que se niegan a entregar al Estado el esfuerzo realizado durante años por sus habitantes para no incurrir en déficit.

El hecho de que Sánchez haya recurrido de nuevo al decreto ley es síntoma de la poca voluntad de diálogo del Gobierno.

En lugar de aprovechar una ley impulsada por Rajoy para hacer frente a la crisis de 2008, el Ejecutivo debería renunciar a su propósito y posibilitar que cada ayuntamiento pudiese disponer de sus remanentes para invertirlos en sus localidades en beneficio de sus ciudadanos.

El Mundo