EL GOBIERNO DEBE FRENAR EL CHANTAJE DE LOS TAXISTAS

Cualquier colectivo tiene derecho a defender sus reivindicaciones laborales. Lo que no tiene derecho es a paralizar el funcionamiento de una ciudad, dañar la economía y chantajear a las administraciones tomando como rehenes a los propios ciudadanos. La salvaje huelga de taxistas en Barcelona, secundada parcialmente en Madrid y en otras ciudades españoles, no sólo pone en jaque la movilidad en la capital catalana sino que plantea un conflicto sociolaboral de primer orden al Gobierno, abocado a intervenir para frenar tanto los paros convocados como la escalada de tensión que se ha vivido durante los últimos días en las calles de Barcelona coincidiendo con la temporada turística estival.

Al gremio de taxistas le asiste en parte la razón cuando exige claridad normativa y perseguir la competencia desleal. Sin embargo, en lugar de solicitar regulación e igualdad de condiciones a empresas como Uber y Cabify, lo que piden a Fomento es aprobar un decreto con una orientación proteccionista de su actividad. Para ello, no han dudado en colapsar el centro de Barcelona y los accesos al aeropuerto. Incluso se han vuelto a registrar, como en anteriores manifestaciones, episodios de coacción y violencia, lo que resulta del todo punto inaceptable.

Guste o no a los taxistas, la competencia resulta inevitable. Y es responsabilidad de este sector plantearse por qué tantos usuarios optan por otro tipo de operadores que ofrecen mejor servicio y tarifas más asequibles. En todo caso, al margen de ello, el motivo por el que los taxistas han convertido las calles de Barcelona en una algarada permanente es por no aceptar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) de mantener la suspensión del reglamento metropolitano que restringe la concesión de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Resulta inaceptable que los taxistas rechacen acatar la ley, de la misma forma que no puede calificarse más que de oportunista y demagógica la conducta de Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona, sin disponer de competencias para ello, promovió un decreto anti Uber que ahora han tumbado los tribunales. Su irresponsabilidad está en el origen del conflicto actual porque, al reclamar ahora las competencias a Fomento, está admitiendo implícitamente que no disponía de las mismas cuando forzó la normativa aprobada en febrero.

En aras de preservar la seguridad, el Gobierno debe tomar cartas en el asunto para recuperar el control de la calle. Ésa es la urgencia. La prioridad pasa por respetar el acuerdo alcanzado en mayo en el Congreso, que avaló el decreto que limita a una licencia de VTC por cada 30 del taxi. Esta medida va en dirección contraria al fomento de la competencia, inherente a una economía de mercado. Pero, al menos, serviría para blindar la seguridad jurídica del sector.

El Mundo