EL GOBIERNO DEBE RESPETO A LA ZARZUELA

Producen tristeza, antes que nada, las incesantes informaciones sobre los manejos de fondos opacos por parte de Juan Carlos I al menos durante la etapa final de su reinado. Independientemente de lo que se dilucide en la investigación en marcha en el Tribunal Supremo -y conviene destacar que la actuación de la Justicia en este caso demuestra una vez más la fortaleza de nuestro Estado de derecho-, hay ya demasiadas pruebas de comportamientos más que reprobables por parte del hoy Rey emérito.

Estas actuaciones merecen una condena en el plano ético, máxime porque su protagonista estaba obligado a una ejemplaridad sin tacha. Lo que no significa que haya que dar por buenas sin más todas las afirmaciones en boca de Corinna Larsen, porque ya ha demostrado su facilidad para cambiar de versiones y porque ella sigue la estrategia que mejor le parece para intentar salvarse de los cargos a los que se enfrenta.

Con todo, el goteo de revelaciones causa sin duda un importante daño al prestigio de la Monarquía. Dolorosa paradoja es que fue Don Juan Carlos, durante sus 39 años en el trono, quien con una envidiable hoja de servicios en el plano institucional -servicios que solo los muy sectarios prefieren ignorar- contribuyó a la gran aceptación de la Corona y a su imagen tan estimable tanto en nuestro país como en el exterior.

En estas circunstancias tan complicadas destaca todavía más la actuación que, desde 2014, está llevando a cabo Felipe VI en aras de «renovar la institución para un tiempo nuevo», como prometió ante las Cortes, adoptando importantes medidas para garantizar la ejemplaridad y la transparencia.

Al Rey no le tembló el pulso en marzo para desmarcarse tajantemente de su padre tras conocer la existencia de cuentas opacas incompatibles con la dignidad exigible a la Familia Real. Don Felipe mantiene un temple admirable en el ejercicio diario de sus funciones y es consciente de la necesidad de seguir tomando decisiones para evitar que los escándalos de su padre socaven la institución que ostenta la jefatura del Estado. De ahí que se estén estudiando -y debe hacerse con rigor, no con espectáculo- pasos como la salida de Juan Carlos I del Palacio de La Zarzuela.

Lo que resulta irresponsable es que sea Moncloa la que pretenda ahora imponerle los tiempos al Rey. Hemos visto cómo Pedro Sánchez ha sometido a Felipe VI a inaceptables muestras de ninguneo; y, haciendo dejación del mandato constitucional, no le ha defendido de los feroces ataques de sus socios independentistas.

El marcaje público a Don Felipe a través de la portavoz Montero y del propio presidente es una demostración más de populismo político y de falta de respeto institucional. Lo que cabe esperar de todo Gobierno responsable es que coopere con lealtad y discreción con el Jefe del Estado para adoptar las mejores soluciones ante una crisis como esta.

El Mundo