Tan oportunamente como se suelen lanzar las cortinas de humo para tapar su caótica gestión de la crisis, el Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, desarrollado a partir de la ley de Memoria Histórica y en el que Sánchez va mucho más allá de donde fue Zapatero.

De hecho, si en general aquel texto era más bien de inspiración revanchista, sin otro objetivo que el revisionismo teórico del pasado, el nuevo es claramente intervencionista y pasa directamente a ser no solo ejecutivo (multas, sanciones, ilegalizaciones) sino también adoctrinador, pues lleva su versión a la escuela, para alumnos de Secundaria, y se incluirá en la formación de los profesores de tal forma que no quede ningún cabo suelto para la institucionalización de la nueva doctrina.

El proyecto rebasa con mucho el necesario desentierro de las personas represaliadas durante la Guerra Civil cuyos restos aún permanecen en las cunetas y que ya es hora de que sean sacados de allí. No es eso, se trata de imponer una visión sesgada de cara al futuro. «Nuestros jóvenes deben saber de dónde venimos», afirmó ayer la vicepresidenta Calvo para justificar el aleccionamiento.

Pero en realidad el Gobierno persigue que los jóvenes deglutan la versión hemipléjica de aquel desastre a través de una especie de desahogo revanchista. La vertiente judicial de la ley, con la creación de una Fiscalía especial que vigile en el Supremo su cumplimiento o la anulación de los juicios durante el franquismo, puede tener en algunos aspectos difícil encaje constitucional.

Además, en su tramitación en las Cortes nacionalistas, separatistas y proetarras van a querer sacar tajada a su favor, embarrando definitivamente el debate y haciendo de su capa un sayo con su sectarismo identitario, pues Sánchez necesita sus votos.

ABC