Tal y como revela hoy ABC, el Consejo de Transparencia ha forzado al Gobierno en 275 ocasiones a hacer pública información que quería ocultar a los ciudadanos, lo que supone un varapalo a la política de opacidad prácticamente una vez al día.

Aun así, y pese a ser consciente de su obligación de mantener una gestión transparente para que los españoles puedan fiscalizar políticamente su actividad, el Gobierno sigue resistiéndose a publicitar datos relevantes de su gestión en multitud de ocasiones.

Nadie sabe aún cuánto cuestan los viajes privados de Pedro Sánchez en aviones Falcon, ni el coste para el erario público de sus vacaciones veraniegas -amistades incluidas- en residencias del Estado.

Tampoco, la composición del grupo de expertos que le asesoran contra la pandemia, datos esenciales sobre la política migratoria, o referencias de los contratos de suministros contra el Covid.

Para este Gobierno, la transparencia es solo pura retórica, y no una obligación democrática.

ABC