EL GOBIERNO PASA DE LA ALARMA A LA INHIBICIÓN

En apenas un mes, el tiempo transcurrido desde la finalización de la última prórroga del estado de alarma, el Gobierno ha pasado de asumir el mando central de la gestión contra la pandemia a escurrir el bulto de forma irresponsable.

Primero se arrogó poderes especiales mediante la aplicación abusiva del artículo 116 de la Constitución, que ampara la alarma para emergencias puntuales, y ahora deja en manos de las comunidades la lucha contra la Covid-19 que, como acredita el número creciente de rebrotes, no está ni mucho menos bajo control.

Poco queda ya de la exigencia formulada por el propio Pedro Sánchez a los gobiernos regionales para que éstos aceptaran la cogobernanza. Ahora es el Ejecutivo el que se niega a asumir que le corresponde la obligación de coordinar las medidas que se están tomando para evitar que el coronavirus se propague de nuevo.

El ministro de Sanidad, pese a que en su comparecencia de ayer se limitó a hacer un llamamiento a cumplir las normas de higiene y distancia social, sigue siendo la máxima autoridad sanitaria del país. Inhibirse constituye una vergonzosa forma de lavarse las manos.

La incomparecencia del Gobierno, salpicada con la falta de ejemplaridad de Fernando Simón -que, pese a su desastrosa y negligente labor, se permite dar lecciones a los gestores autonómicos-, se ve agravada por la temeridad que supuso no aprovechar las fases finales de la desescalada para promulgar una normativa que, dentro de la legislación ordinaria, sirviera de base legal a las comunidades para gestionar la etapa actual.

El Gobierno prefirió alargar el uso de esta figura y fue incapaz de impulsar una cobertura legal que ahora evitaría el vacío legal o el caos regulatorio. Este desbarajuste llevó ayer a Emiliano García-Page a exigir una Conferencia de Presidentes antes de agosto.

No es admisible que, ante un riesgo de análogas consecuencias, la mascarilla sea obligatoria en unas regiones y en otras no. No es admisible el déficit de recursos en atención primaria en comunidades como Cataluña, lo que frustra la detección precoz y el rastro de contactos.

No es admisible que cada autonomía vaya a su aire, con el agravante de que solo dos (Cataluña y el País Vasco) disponen de policías propias, lo que fuerza al resto a recurrir a la Policía o la Guardia Civil para hacer cumplir medidas como el cierre del ocio nocturno decretado ayer en Murcia o recomendaciones, como la establecida para no salir de Zaragoza.

La gravedad de la pandemia y la necesidad de coordinación ante una gestión descentralizada obliga a Sánchez a abandonar el tancredismo. Lo contrario supondría una dejación de funcione que podría abocar a España, más pronto que tarde, a una segunda ola del virus.

El Mundo