Las declaraciones de Pedro Sánchez contra el PP por no facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial revelan un cinismo insuperable. Según Sánchez, cada vez que el PP pierde las elecciones bloquea la renovación de este órgano.

Un repaso a la historia reciente demuestra que el PSOE usa sus victorias para cercar a la Justicia y debilitar su función constitucional. En 1985, los socialistas cambiaron el sistema de los vocales judiciales del CGPJ a fin de que fueran elegidos por el Parlamento, y no por los propios jueces, para evitar una mayoría conservadora como la de 1980.

En 2004, una de las primeras leyes de Zapatero, aprobada por lectura única, amplió a tres quintos la mayoría necesaria para que el CGPJ nombrara magistrados del Supremo. Así se neutralizaba la mayoría conservadora procedente del último mandato de Aznar.

Ahora el Gobierno está ideando una reforma para hacerle la enésima trampa a la Constitución: rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los doce vocales judiciales del CGPJ.

La reforma que planea el PSOE es un burdo fraude de ley constitucional, un atropello que el Tribunal Constitucional no debería consentir y que las asociaciones de jueces no deberían legitimar participando en el proceso de renovación.

Esta reforma revela la falta de escrúpulos democráticos del PSOE, no solo para retorcer la Constitución, sino para pactarla con los más acérrimos enemigos de la independencia judicial, como separatistas y comunistas.

El PSOE tiene un plan para hacer de la Justicia una miniatura decorativa, inerme frente a los poderes políticos, a base de indultar golpistas, sojuzgar al Ministerio Fiscal, expulsar a los jueces de la instrucción de los delitos y, ahora, poner al órgano de gobierno de los jueces al dictado de una mayoría parlamentaria esencialmente autoritaria.

ABC