Con la aprobación ayer del nuevo anteproyecto de ley del aborto, el Gobierno ha conseguido dos cosas: consagrar como derecho sustancial lo que no es sino dar muerte a un inocente sin que ni siquiera la mujer deba ser mayor de edad, y dejar en el olvido la profunda crisis que ha generado en La Moncloa el escándalo de los espionajes, evitando que se hable de ello.

España es un país en el que en lugar de discutir sobre el alcance de la muerte abortista, o sobre la erradicación ‘de facto’ de la objeción de conciencia para los médicos que no deseen practicar abortos, se hace ‘casus belli’ del IVA de los productos de higiene femenina, o de la mal llamada ‘baja menstrual’.

Una cuestión fiscal y otra laboral, que nada tienen que ver con una norma sobre el aborto, se convierten así en un escándalo frente al valor de la protección de la propia vida humana, que queda arrumbado en la indignidad del Consejo de Ministros.

Ese es el relativismo y la superficialidad del impostado debate social en el que nos manejamos.

ABC