EL GRITO JUSTICIERO

La autolesión del Tribunal Supremo ha sido dolorosa para todos los defensores de los tres poderes en los que se constituye la democracia liberal parlamentaria. El prestigio y la credibilidad son dos bienes escasos. El populismo sabe que cualquier grieta es buena para ser aprovechada e incluso agrandada. En democracia, los errores se pagan con dimisiones que taponan las heridas y cortan las hemorragias. En este caso se equivocan incluso cuando el presidente del Supremo pide perdón.

Lo que no han entendido algunos magistrados del Tribunal Supremo es que su institución no forma parte del espectáculo. Lo suyo no es darle al «me gusta» de una red social, sino aplicar la ley, interpretándola lo más fielmente posible. Su misión no es un juego de ganar o perder. Si el legislador no se atreve por conveniencia recaudatoria a cambiar una ley que resulta injusta, la obligación de la experiencia y conocimiento que alberga la cúpula judicial es encender la alerta, y no sembrar el pánico apretando el botón que no le corresponde.

Podemos trabaja para que el poder no esté repartido y, en cambio, sí en una sola mano. Su modelo es el de los jueces como una prolongación exacta de la voluntad del pueblo, que es quien debe decidir, pulgar arriba o abajo. El error del Supremo no puede suponer el derribo del sistema, sino la reforma de algunos de los mecanismos que llevan a un grupo de jueces a convertir un ajuste de cuentas interno en una crisis política de primer orden.

Las manifestaciones de ayer ante el Tribunal Supremo y otras instancias judiciales son más que el reflejo de un caos. El cambio de criterio, el ida y vuelta de sus señorías, solo deja en el común la sensación de que están a la orden del poder del dinero y los bancos. Los jueces no son quienes deben legislar sobre un impuesto que no debería ni siquiera existir. El enfrentamiento entre unos y otros se ha saldado con la aparición de los justicieros, una golosina para la política.

El salvador aparece a reparar el daño, cuando en realidad el gran beneficiado por la última decisión del Tribunal Supremo son los partidos políticos que gestionan las cuentas públicas y no tienen que devolver los 5.000 millones que tras la primera decisión de los jueces hizo temblar al Ministerio de Hacienda y a todas las consejerías, incluidas las apoyadas por Podemos.

Juan Pablo Colmenarejo ( ABC )