EL INDULTO COMO FRAUDE A LA JUSTICIA

Con actuaciones parlamentarias como la de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da pábulo a quienes aseguran que existe un protocolo secreto, anexo al pacto con los partidos nacionalistas que contribuyeron a llevarle a La Moncloa, por el que se habría comprometído a indultar a los políticos catalanes encausados, en el caso de resultar condenados por el Tribunal Supremo.

La cuestión no es menor, puesto que supondría la voluntad predeterminada de soslayar la acción de la Justicia por parte del poder ejecutivo del Estado, en un clamoroso fraude de ley, y, desde luego, exigía del presidente interpelado una intervención clara, en lugar de refugiarse en el chascarrillo y la mofa para no dar respuesta a la interpelación, directa y reiterada, del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como ya hizo anteriormente ante las preguntas del presidente popular, Pablo Casado.

No es la primera vez que advertimos de que las confusas señales que emite el Gobierno en torno a la respuesta judicial al golpe anticonstitucional que intentó la Generalitat de Cataluña en octubre pasado pueden alentar un sentimiento de impunidad en un sector de la ciudadanía catalana, que provocará, en el mejor de los casos, frustración social y, en el peor, la indignación de quienes confían en la ley, y sólo en la ley, para garantizar el normal desarrollo de las libertades democráticas.

Lo cierto es que la sociedad española, que otorgó al candidato Sánchez el peor resultado electoral cosechado por el PSOE en su historia reciente, no puede hacerse corresponsable de la debilidad objetiva de un Gobierno que se ha puesto en manos de quienes, por razones obvias, están más preocupados en asuntos de índole personal que en la gestión de los intereses generales.

Pedro Sánchez debería haber sido consciente de que el precio a pagar por el atajo a La Moncloa podía provocar indeseables tensiones institucionales, sociales y políticas en el conjunto de España, pero, por lo que estamos viendo, pudo más en su criterio la urgencia de la oportunidad. Es preciso recalcar este extremo porque los separatistas catalanes no parecen dispuestos a aceptar de buen grado la reprensión penal de quienes proclamaron la secesión de Cataluña, despreciando la Constitución, el propio Estatuto y el principio de la soberanía nacional, y buscan ahora soluciones de carácter extrajudicial, imposibles en toda democracia que se precie, De ahí, que resulten graves las presiones, poco veladas, que ha recibido el Ministerio Público desde el Gobierno, con el propio Pedro Sánchez permitiéndose el desahogo de calificar delitos, que, sin embargo, no han conseguido modificar la apreciación de los fiscales sobre la instrucción de los hechos.

La fiscalía mantiene las imputaciones por los delitos de rebelión y malversación contra los responsables del procés –delitos que pueden sumar penas conjuntas de entre 190 y 280 años de prisión– y aunque no es descartable, como hoy publica LA RAZÓN, un cambio de criterio acusatorio en el transcurso de la celebración de la vista, voluntario o forzado, que no es momento de abrir juicio de intenciones, esto sólo significaría reducir la apreciación a los delitos de sedición y conexos, con penas de hasta quince años de cárcel. La sociedad española asiste perpleja y preocupada a estas burdas maniobras de desistimiento, con negociaciones impropias de políticos responsables en los recintos penitenciarios, que no engañan a nadie.

Todo el peso de la Ley debe recaer sobre quienes, desde una posición institucional y pública privilegiadas, trataron de llevar a cabo el peor ataque contra la democracia española desde la intento del 23-F y aún hoy se mantienen en abierto desafío. Condonar la responsabilidad por medio de añagazas legales no debería entrar en modo alguno en los cálculos de un Gobierno.

La Razón