EL LEGÍTIMO ORGULLO DE LOS LIBRES E IGUALES

Habrá quien piense que la conmemoración de los 40 años de nuestra Constitución, aprobada en referéndum tal día como hoy de 1978, no llega en el mejor momento.La vida pública española atraviesa un periodo de polarización insana y de descrédito del ejercicio político que nos distancia del esfuerzo constructivo realizado en la Transición.

Pero quizá por eso es más oportuna que nunca esta efeméride: deberíamos aprovecharla para profundizar en el valor extraordinario de aquel logro compartido, cuya vigencia permanece y cuyo ejemplo debería inspirar a los dirigentes de hoy. A este fin distribuimos hoy con EL MUNDO un excepcional suplemento que convoca a personalidades destacadas de todos los ámbitos del panorama nacional, que desgranan desde posiciones plurales diferentes artículos de la Carta Magna.

Últimamente parece que solo se habla de la Constitución para discutir la necesidad de reformarla. Como si tal urgencia estuviera justificada por la búsqueda del bien común y no, en demasiados casos, por el interés ideológico de parte, cuando no por el confeso apetito de destruir los cimientos del Estado de derecho.

 Conviene recordar que el mensaje básico del texto constitucional, ese que garantiza la igualdad y la libertad de todos los españoles soberanos de una nación indivisible, no puede ser mejorado. Bajo la premisa de los derechos políticos establecidos en 1978 se ha desarrollado el periodo de prosperidad, paz y progreso más consistente de nuestra historia.

No tienen razón quienes, por un adanismo mixto de arrogancia y necedad, cuestionan el paso de la ley a la ley que guio la Transición, impugnando a algunos de sus autores por la mancha original del franquismo. Como si las constituciones de los pueblos se redactaran en una intersección pura del espacio y del tiempo, y no desde unas concretas y a menudo dramáticas circunstancias históricas.

 Aquel milagroso consenso es hoy denostado por populistas partidarios del antagonismo, que lo son porque no vivieron la guerra ni la represión ni el exilio. Pero aquellos legisladores tenían memoria y responsabilidad, y un proyecto sugestivo de vida en común para España. Supieron aparcar un frentismo ideológico mucho más justificado -por autobiográfico- que el de hoy, resistieron la espiral de violencia desatada por los terroristas de todo signo para hacer descarrilar el proceso constituyente, negociaron renunciando al maximalismo que les separaba para priorizar los mínimos democráticos que les unían.

Y así pudieron entregar al examen del pueblo en referéndum un articulado progresista, avanzado, tolerante, homologable al de la nación más garantista de nuestro entorno. Los españoles así lo reconocieron concediendo a la Constitución de 1978 un respaldo abrumador.

¿Significa esto que la Constitución no puede ser reformada? En absoluto. No cabe plantear una reforma genérica para la que ni hay objetivos claros ni voluntad de acuerdo suficiente. Pero en cambio sería recomendable una actualización de aquellos aspectos que, como la prelación del varón en la sucesión dinástica o la fijación de las competencias autonómicas, servirían no solo para mejorar el texto constitucional sino también para involucrar a las nuevas generaciones en la democracia.

La Constitución no es perfecta, pero nadie puede negar lo que le debemos. No solo representó el acta de paz de los españoles tras la guerra civil y la dictadura: también sentó las bases jurídicas para el despliegue de décadas de estabilidad política, convivencia y bienestar. El mejor homenaje que podemos hacer consiste en valorar lo que hicimos e imaginar su peor alternativa.

Que entonces pudo salvarse por la generosidad y la inteligencia de una generación de estadistas. Ante los desafíos presentes y futuros, ojalá asista a la actual clase política parecida clarividencia y similar espíritu de sacrificio para renunciar a los particularismos divisivos y encarar las tareas pendientes.

El Mundo