El socialcomunismo, en sus distintas variantes, presenta una serie de señas de identidad genuinas, que le diferencian nítidamente de otras teorías políticas, lo cual facilita su descripción, análisis y, como consecuencia de ello, su definitiva descalificación.

Así, en el ámbito político, el socialcomunismo se caracteriza bien por la dictadura del proletariado, que en definitiva viene a ser la dictadura de la cúpula del Partido Comunista en el poder, o bien por cualquier otro sucedáneo colectivista, como son las democracias iliberales, básicamente consistentes en un totalitarismo que se intenta camuflar bajo el manto de la demagogia populista y de la práctica periódica de simulacros electorales en los que la oposición no puede concurrir por estar ilegalizada, resultando, por ello, evidente la falta absoluta de derechos y libertades imperante tanto a nivel individual como colectivo.

Por otra parte, en el terreno económico, en aquellos países en los que impera el socialcomunismo nos encontramos bien con un escenario monopolístico en el que todos los medios de producción están en manos del Estado o bien con un intervencionismo estatal asfixiante en todos los ámbitos de la economía, caracterizándose ambos modelos por la corrupción de las élites políticas, la hipertrofia del aparato burocrático, la incompetencia gestora, el nepotismo y el clientelismo subvencionado, todo lo cual no hace otra cosa que impedir el crecimiento económico y la prosperidad social.

Finalmente, en el área social, el autoritarismo que subyace en todo gobierno socialcomunista conlleva la inaceptable pretensión de implantar en el seno de la sociedad un pensamiento único acorde con sus postulados -que en el colmo de la estolidez han definido como políticamente correcto- condenando cualquier tipo de disidencia ideológica bien mediante la represión a través de la promulgación de leyes que conculcan la libertad individual de buena parte de la población al ser de marcado carácter discriminatorio o bien mediante el aislamiento social y laboral a través de la llamada “cultura de la cancelación”, todo ello aderezado con periódicas campañas de agitación y propaganda llevadas a cabo por su pesebrista aparato mediático.

La expresiva culminación de este proyecto de anulación del pensamiento crítico se manifiesta de forma evidente con la LOMLOE -la ley de Educación también conocida como Ley Celaá, la cual, erigida como un auténtico monumento legislativo a la ignorancia- la cual lo que realmente pretende es idiotizar a las futuras generaciones, sustituyendo la adquisición de conocimientos, el esfuerzo en las tareas formativas y la recompensa al mérito como ejes rectores del proceso de aprendizaje, por la simplicidad intelectual, la ausencia de exigencia formativa y la imposición de la mediocridad.

Evidentemente, resulta difícil, por no decir imposible, que tal cúmulo de despropósitos puedan pasar desapercibidos para una gran parte de la población, ya que, como señaló Abraham Lincoln, “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. De hecho, en las sociedades desarrolladas -en las que la aparición de una nutrida clase media ha permitido que buena parte de los población esté dotada de un mínimo sentido común y una cierta capacidad analítica- la afirmación de A. Lincoln adquiere un dimensión axiomática.

Sin embargo, el socialcomunismo, consciente de que sus seculares planteamientos no solo han periclitado, sino que también han fracasado, ha venido desarrollando desde la celebración del Foro de Sao Paulo -acontecimiento fundacional del socialismo del siglo XXI- un discurso de carácter esencialmente vacuo, antirrealista, sentimentaloide y populista, que ha calado en inadaptados sociales, fracasados de distinto tipo y condición, aprovechados con severas carencias morales, indigentes intelectuales, adanistas acomodados en una frívola superficialidad conceptual y jóvenes insatisfechos bajo el embrujo del Efecto Tocqueville, fenómeno consistente en que conforme mejoran las condiciones sociales aumentan las demandas de bienestar y secundariamente la frustración de aquellos que no ven atendidas sus pretensiones.

Dentro del demagógico discurso de la izquierda destaca la permanente utilización, a modo de trampantojo, del “mantra de la igualdad”. Evidentemente, nadie con un mínimo de solidaridad puede estar en contra de la cohesión social y de la eliminación de la pobreza, pero tampoco nadie en su sano juicio puede pretender que todo individuo viva en las mismas condiciones, independientemente de las capacidades que atesore.

De hecho, a la hora de abordar la problemática de la igualdad es necesario tener en cuenta que la personalidad individual es la resultante de la unión del temperamento, determinado por la biología, y el carácter, condicionado por el ambiente. Es por ello que no es factible que dos individuos presenten la misma personalidad, ya que, por un lado, existen más genotipos humanos que átomos en el Universo y, por otro lado, las condiciones ambientales varían para cada individuo, incluso dentro del mismo ámbito familiar.

De esta forma, la igualdad en términos absolutos resulta un objetivo de fatales consecuencias, ya que cada individuo, por presentar una forma de ser que le caracteriza y diferencia, presenta sus particulares cualidades, orientaciones y tendencias, las cuales, a su vez, van a marcar sus deseos, motivaciones, prioridades y expectativas vitales, debiendo todo ello ser cercenado en aras de una absurdo igualitarismo.

Descartada pues la meta de la igualdad absoluta, por su inconsistencia teórica y su perniciosa práctica, parece necesario diseccionar el concepto de “igualdad” y establecer los diferentes tipos de “igualdades” existentes, así como los beneficios, tanto individuales como colectivos, que de su aplicación se derivan. Así, siguiendo el esquema de Giovanni Sartori, podemos distinguir, en primer lugar, la igualdad jurídica, la cual garantiza que todo individuo esté sometido en la misma medida al imperio de la ley.

En segundo lugar, tenemos la igualdad social, consistente en el disfrute por parte de todos los individuos de una comunidad de los mismos derechos civiles y políticos. En tercer lugar, nos encontramos con la igualdad de oportunidades, la cual refiere una justa valoración de las capacidades individuales y, por lo tanto, la ausencia de un trato discriminatorio. Por último, está la igualdad económica, la cual viene a suponer el que todos los individuos reciban los mismos emolumentos, independientemente de sus logros personales y de los beneficios reportados a la comunidad.

Como no podía ser de otra forma, las democracias liberales defienden la igualdad jurídica, social y de oportunidades, mientras que el socialismo, el comunismo y cualquier otro tipo de régimen colectivista solo considera a la igualdad económica como una igualdad real, mientras que al resto las considera igualdades formales. De esta forma, se produce una dicotomía conceptual, que tiene su plasmación social.

Así, el liberalismo político, al descartar la igualdad económica y favorecer la libre competencia y el espíritu emprendedor, aboga por el talento y promueve el esfuerzo, mientras que el socialcomunismo, al defender al igualdad económica a partir del obligado cumplimiento del rol asignado a cada persona, defiende la mediocridad y estimula la holganza. En consonancia con ello, como señalaba Friedrich A. Hayek, “Hay una enorme diferencia entre tratar a las personas de manera igualitaria y tratar de hacer que sean iguales. Lo primero es la condición para una sociedad libre, mientras que lo segundo implica una nueva forma de servidumbre”.

Después de todo lo expuesto, cabe señalar que una sociedad que persiga la igualdad absoluta es una sociedad injusta, ineficiente y liberticida. Es injusta porque conlleva la necesidad de implementar políticas discriminatorias contra una parte de la población, ya que la igualdad de resultados inevitablemente requiere la desigualdad de trato, con el consiguiente beneficio para aquellos que son discriminados positivamente en detrimento del resto.

Es ineficiente porque requiere la existencia en el seno del Estado de una mente omnisciente, capaz de asignar y organizar adecuadamente todos los recursos humanos y materiales existentes, lo cual no deja de ser una entelequia carente de verosimilitud, ya que lo único que realmente consigue la planificación estatal es una distribución colectiva y uniforme de la miseria.

Y es liberticida porque todo individuo, en aras de la colectividad, debe renunciar al ejercicio del libre albedrío a la hora de elegir su propio proyecto vital, para ajustarse, de manera obligada, al discurso y los parámetros establecidos por las élites en el poder.

Decía Alexis de Tocqueville que “La democracia y el socialismo no tienen nada en común excepto una palabra: la igualdad. Pero nótese la diferencia: mientras que la democracia busca la igualdad en la libertad, el socialismo busca la igualdad en la coerción y la servidumbre”.

Por mi parte, dado que mi desiderátum no es otro que el de participar de manera real y efectiva en mi devenir existencial, no puedo estar más de acuerdo con los valores que la democracia liberal representa en contraposición al socialcomunismo.

Por ello, frente al gulag rojo donde, mediante la represión desmedida e infame, se acalla impunemente todo anhelo de conquista personal, reivindico el valor de las verdes praderas de la libertad, donde en el horizonte la tierra se funde con el cielo, impulsándonos tan embriagadora visión a cabalgar, a lomos de la incertidumbre, por territorios donde la vida adquiere su verdadero sentido.

Rafael García Alonso ( El Correo de España )