España celebra hoy el 42 aniversario de la Constitución bajo una preocupante atmósfera de crispación política y quiebra de la convivencia, con una amenaza a principios esenciales de la Carta Magna y, sobre todo, con la ofensiva para abrir un nuevo «proceso constituyente» basado en la destrucción de todo cuanto significó el advenimiento de la democracia.

Hace mucho que la identificación del PSOE con el constitucionalismo dejó de ser una realidad. Una cosa es la aritmética parlamentaria y la necesidad de alcanzar acuerdos para poder aprobar leyes y gobernar -ese fue el mandato de los ciudadanos en las urnas y Pedro Sánchez está legitimado para ello-, y otra muy distinta es poner a España en almoneda, traficar con los valores fundamentales del Estado de Derecho, y revocar por decreto derechos y garantías de los ciudadanos.

Estamos asistiendo a una demolición incontrolada del andamiaje constitucional con ataques directos a la unidad de la nación y a la lengua oficial del Estado, con restricciones severas e injustificadas de la libertad, y con la imposición del pensamiento único a través de una mecánica de adoctrinamiento social radicalizado.

Lo mismo ocurre con el intento de destruir la separación real de poderes, con la pretensión de someter a los jueces, con la instauración de «comisiones de la verdad» frente a la libertad de información, y con un revisionismo mendaz para reinterpretar la historia a capricho de la izquierda.

La lealtad al pacto constitucional de un partido como el PSOE está en entredicho. Nada era esperable de Pablo Iglesias porque no mentía. Llegaba a la política para destruir el sistema, y lo avisó. Para ello se ha rodeado de partidos que desprecian a los españoles para todo salvo para arrancarles dinero y malversarlo en la ideación de naciones ilegales edificadas sobre un falso orgullo identitario.

Peor aún, Sánchez se hace acompañar de los herederos de ETA, a los que pone alfombra roja para asumir «la dirección del Estado». Celebrar el aniversario de la Constitución bajo un estado de alarma y con Otegui brindando por el estado comatoso de la legalidad es la demostración de que lo más tóxico del Parlamento ha pervertido la democracia. El pasado, las bombas y la sangre, solo existen para tildar de ultraderechistas a la mitad de los españoles y blanquear a criminales.

La Transición, y con ella la Constitución, supuso un cambio de régimen real. España alcanzó el mayor grado de desarrollo de la historia reciente y suturó las heridas del guerracivilismo. Hoy nada de eso importa. El revanchismo ha anidado en el PSOE, que se ha alejado tanto de la socialdemocracia moderada que es ya irreconocible. Sánchez es el culpable de que España agonice hoy en manos de minorías separatistas que compran «libertades» a precio de saldo.

La Constitución fue la solución y debe seguir siéndolo como instrumento de reconciliación y concordia. Sin embargo, el neocomunismo en nuestras vidas es un hecho. Se nos quiere hacer creer que la Constitución está desfasada, y que estamos ante una etapa de superación de éxitos caducos en busca del «progreso», como un santo grial que solo Sánchez e Iglesias pueden hallar.

Pero esa es la excusa que una parte de la sociedad digiere de forma acrítica, y otra radicalizándose. Por eso, y con el ánimo de generar un debate de unidad en torno a la vigencia de la Constitución, ABC publica desde hoy una serie de entrevistas con destacadas personalidades de la Transición que alertan con decepción, pena y frustración de los peligros que se ciernen sobre la democracia.

El principal desafío de nuestra sociedad hoy es evitar la quiebra del pacto constitucional.

ABC