EL PARLAMENTO CONVERTIDO EN UN CIRCO

Hubo quien pudo confundir ayer el hemiciclo del palacio de la carrera de San Jerónimo con el escenario de un teatro en el que se representaba un esperpento valleinclanesco. Y no andaría muy desencaminado. No solo por el parecido físico con el escritor gallego del diputado Zamarrón, que ejerció como presidente de edad hasta la constitución de la Mesa, sino porque una parte de los diputados parecía más el espectro que refleja un espejo deformante que un responsable político.

La nueva presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, se equivocó clamorosamente en su estreno, desbordada por la situación. Bordeando la complicidad, como señaló Pablo Casado, y permitiendo la vulneración del decoro parlamentario, como apuntó Albert Rivera, Batet consintió que los diputados de EH Bildu y los cuatro presos preventivos separatistas faltaran al respeto a la institución, y por extensión a todos los españoles, con unas fórmulas de juramento que no escondían la voluntad expresa de seguir desafiando a la Constitución.

Porque ni España es una república ni en ella hay presos políticos, como dijo Junqueras, sino presuntos golpistas. Es cierto que los juramentos heterodoxos están permitidos desde que el Constitucional avalase la fórmula de los batasunos, pero nunca se habían traspasado las líneas rojas que se cruzaron ayer, sentando un peligroso precedente.

Tampoco se debió haber permitido que los diputados de Vox golpeasen las mesas y abuchearan cada vez que uno de los independentistas pronunciaba su juramento. Eso ocurre cuando la autoridad no comparece. Batet no estuvo a la altura de su responsabilidad institucional, quizá más atenta a no disgustar a posibles socios de su partido que a defender la dignidad del Congreso.

Aunque es consecuencia de nuestro sistema garantista, supone una anomalía inédita en democracia que cuatro diputados electos que están siendo juzgados por el Supremo por rebelión, sedición y malversación decidieran presentarse a una institución que no reconocen, aun sabiendo que mientras dure el juicio y continúen en prisión estarán suspendidos para ejercer cargo público.

Es obvio que su intención no es otra que la de deslegitimar y desestabilizar el normal funcionamiento del Poder Legislativo. Por eso no se entiende que la Mesa disolviera la sesión sin anunciar que los cuatro independentistas están ya, según el Reglamento de la Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, imposibilitados para desempeñar las funciones de diputado.

No tiene Batet otra alternativa, si no quiere incurrir en prevaricación, que anunciar la suspensión de los cuatro diputados presos. Es el Congreso, por respeto a la separación de poderes, quien debe hacerlo, siguiendo las indicaciones del Supremo. Esperemos que el esperpento de ayer no sea anticipo de lo que viene.

El Mundo