Del «Griñán y Chaves son hombres justos y honestos» a emprender la vía del indulto. Poco ha tardado el socialismo en movilizar a figuras referenciales para que se sumen al indulto que van a solicitar los familiares de José Antonio Griñán con el fin de que no cumpla los seis años de condena que el Tribunal Supremo ha confirmado por el desfalco multimillonario de los ERE.

Cuando el Gobierno, acogido a esta petición, apruebe la medida de gracia para el que fuera presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE estará contraviniendo la iniciativa parlamentaria que los socialistas, ya con Sánchez al frente, llevaron al Congreso de los Diputados en 2015 para que en ningún caso se procediera a «la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero».

Ha bastado con que las condenas recaigan en dirigentes socialistas, a que el PSOE sea el señalado por prevaricar y malversar caudales públicos, para que la gravedad del delito quede en el olvido y se vaya a crear una excepción con el fin de librar del cumplimiento de la pena a un expresidente del partido. Es decir, lo que se traslada a la sociedad es la vigencia de una legislación supuestamente sectaria que reservaría la cárcel segura e inevitable para los corruptos que no pertenezcan al PSOE.

Este uso discrecional y torticero de la ley y principios del indulto, así como de sus excepciones de ‘oportunidad’, ya ocurrió cuando fue aplicado por el Gobierno a los condenados por el golpe del 1-O. En aquella ocasión, el Ejecutivo los fundamentó en la «utilidad pública», lo que además de un insulto a la inteligencia de los ciudadanos era una clarísima burla al Tribunal Supremo.

La utilidad pública reside en los principios constitucionales, en el cumplimiento de la ley y en el respeto a las sentencias judiciales, no en las filias o proximidad ideológica de los agraciados con la medidas ni en los réditos que procure en el Congreso al partido en el Gobierno, como ocurrió con la inclusión de los separatistas de ERC como socios principalísimos del PSOE en esta legislatura. El canje parecía bien claro: los sediciosos a la calle y Sánchez en La Moncloa.

Pero mal haría el Ejecutivo si persevera ahora, como parece, en este tipo de indultos de corte ‘político’ pues estaría trasladando a la opinión pública que la lucha contra la corrupción –una plaga que ha provocado quizá el mayor cisma entre los españoles y su clase política con el surgimiento de fenómenos tan nocivos como el populismo– no es una batalla clave en la democracia.

Animados por la reacción del partido para evitar que Griñán cumpla condena, el resto de los acusados en el trama de los ERE (recordemos, casi 700 millones del dinero de los parados malversados en una red que tenían un procedimiento, un método para delinquir) anuncia un aluvión de peticiones de indulto.

Todos los condenados en el escándalo de los ERE reclamarán, seguramente, un trato similar para ellos, pues argüirán que son tan «justos y tan honrados» como Griñán porque están condenados por lo mismo, lo que volvería a dejar a la Justicia a los pies de los caballos, preterida su función a los intereses del partido en el Gobierno.

Si arrecian los indultos a la veintena de condenados, todos dirigentes socialistas, casi cabría hablar de una amnistía encubierta y de una nueva burla al cumplimiento de la ley.

ABC