EL PRECIO A PAGAR SE LLAMA ESPAÑA

El nuevo «plan» de Pedro Sánchez para la imposible misión de «apaciguar» al separatismo catalán es una sumisión del Estado de derecho y un arrodillamiento de las instituciones sin parangón en nuestra historia democrática.

Primero, Sánchez parte de una base errónea porque su pretensión de amansar al independentismo con dádivas institucionales es de una ingenuidad alarmante. En la naturaleza del secesionismo está atacar al mismo Estado que le da cabida y representación.

Y segundo, el Gobierno social-comunista está legitimado por las urnas para gobernar en beneficio de la mayoría de la sociedad, pero no para privilegiar a una minoría que plantea chantajes contra la legalidad o que hace del agravio, el victimismo y la intolerancia su receta de falsa democracia. Muchas de las promesas hechas por Sánchez a la Generalitat se basan en ilegalidades flagrantes.

No es solo que legitime a delincuentes condenados rehabilitando políticamente lo que jurídicamente han perdido, sino que se ha comprometido a ceder competencias exclusivas del Estado, o a impedir que los Tribunales puedan siquiera cuestionar cada claudicación que haga.

Sánchez ha puesto en bandeja al separatismo a una fiscal general a la medida de su extorsión al Estado; se ha comprometido a retirar recursos judiciales frente a conductas abusivas; reabrirá «embajadas» catalanas clausuradas por decisión judicial; concederá carácter «nacional» a una selección deportiva catalana; hará la vista gorda con la inmersión lingüística y la marginación del castellano como lengua oficial del Estado; ampliará el «autogobierno» sin dar opción a los Tribunales a discutirlo; y reformará el Código Penal para excarcelar a una organización de sediciosos que además se jactan de serlo.

Ya avanzó ayer el socialista Miquel Iceta cuál es la ruta al afirmar que el delito de sedición no se ajusta a lo que ocurrió el 1-O en Cataluña. Iceta, como Sánchez, se han erigido en juristas sin toga, en jueces sin tribunal y en burladores sin complejos de la separación de poderes.

El periplo de Sánchez por Cataluña es todo un canto a la claudicación. Apuesta decididamente por fraguar junto a Podemos un tripartito en Cataluña que permita a ERC controlar la Generalitat a cambio de que Sánchez pueda sobrevivir durante una legislatura en La Moncloa.

La «agenda del reencuentro» se completa además con una decisión legal, pero arbitraria, como es la concesión por parte de la administración catalana del tercer grado penitenciario a los Jordis del golpismo catalán.

En efecto, la medida será legal, pero la apariencia de un fraude moral a la sociedad, de favoritismo y de agravio comparativo con el resto de la población reclusa es evidente.

Sánchez y el separatismo no aplican las normas de la democracia. Pretenden que la democracia se adapte a sus obsesiones, y el precio a pagar es brutal.

ABC