El Gobierno logró aprobar ayer sus primeros Presupuestos Generales del Estado, que ponen fin a la larga etapa de los vigentes, aprobados por Mariano Rajoy en 2018. A las ya conocidas críticas que las nuevas cuentas han recibido de organismos públicos y privados, o de expertos economistas a izquierda y derecha del arco ideológico que han alertado del inasumible aumento del gasto, del riesgo de un déficit excesivo, y de la expansión de la deuda pública, se unen ahora dos nuevas y peligrosas derivadas por lo que suponen de cesión del Estado a la extorsión de los partidos independentistas.

La primera es una derivada económica, que ha movido a Pedro Sánchez a claudicar ante esta «alianza contra España» configurada por Pablo Iglesias con la entrega a ERC, el PNV o Bildu de 2.700 millones de euros adicionales que han arrancado a La Moncloa negociando enmiendas con nocturnidad y alevosía. Si a esta cifra se suma el coste global de sus exigencias expresas para inversiones adicionales, la cantidad se eleva a casi 4.000 millones.

Ese es el «impuesto secesionista» que sufragarán los españoles para que Sánchez complazca a partidos minoritarios que llevan en su ADN la ruptura de la unidad nacional, la dinamitación del constitucionalismo y la fractura social en virtud de criterios de radicalización ideológica.

Estos presupuestos no son fruto del «consenso» pese a que la ministra de Hacienda se empeñe en manipular a la opinión pública con eslóganes enlatados. Son el precio que Sánchez paga, a costa del bolsillo de todos, para garantizarse cuatro años en La Moncloa.

Y, sobre todo, para imprimir velocidad de crucero al proyecto que sustituya el actual marco de derecho por otro régimen en el que se reinterprete la historia a conveniencia de la izquierda, se adoctrine en las aulas, se intervenga la economía, se vulnere la separación de poderes, y se someta a jueces y tribunales.

Lo aprobado por el Gobierno no son unas cuentas «progresistas» para rescatar a España de una profunda recesión, sino el pago descarado de un secuestro a manos del separatismo. Sánchez ya tiene la financiación necesaria con la que pagar el desguace de nuestro sistema tal y como lo hemos conocido en los últimos 42 años.

Las sonrisas de Rufián, Urkullu, Iglesias, y muy especialmente de Arnaldo Otegui, tras esta reconversión del PSOE en un partido soberanista y autoritario, no requieren de mucha interpretación añadida.

La segunda derivada es estrictamente política. En pleno debate presupuestario, el Gobierno se ha descolgado con dos propuestas legislativas, a cual más antidemocrática. Si anteayer trató de maniatar al Poder Judicial para impedirle hacer nombramientos mientras su mandato siga en prórroga -lo cual es manifiestamente ilegal porque es tanto como suprimir por capricho su legitimidad-, ayer Sánchez permitió a Podemos proponer junto a ERC y Bildu una norma que erradique el español de las instituciones.

Por la vía de consentir la utilización de las lenguas cooficiales en las Cortes, en la Justicia o en RTVE, el PSOE está alzando un paraguas legal que justifique la progresiva desaparición de la lengua oficial del Estado. Así de simple.

Acabar con la «imposición legal» del castellano es tanto como derogar la piedra angular de la Constitución, su verdadera pieza de caza. No es algo simbólico en favor de la cooficialidad de las lenguas, sino otra estafa parlamentaria por muchos votos a favor que reciba.

La principal conclusión de este proceso de persecución sistemática a todo cuanto se identifique con «lo español» es que Iglesias se ha convertido en el auténtico presidente del Gobierno por su capacidad de ningunear a Sánchez y de aglutinar a los partidos que aborrecen la democracia.

Todo en España está condicionado por el líder de un partido de 35 diputados cuyo mérito ha sido unificar a casi 60, que por separado carecerían de peso alguno en la gobernabilidad. Iglesias no es el vicepresidente del Ejecutivo de la nación. Es el embajador del independentismo en La Moncloa y el recaudador de lo que en su momento Albert Rivera denominó una «banda de extorsionadores».

Por la vía de pervertir la legalidad vigente, pretende implantar una pseudolegalidad alternativa en las autonomías, cuyas instituciones Podemos se repartirá con ellos antes o después a modo de justiprecio.

Por eso es tan descorazonador ver la incomprensible fractura de la derecha ante este ataque al núcleo del Estado, y el obsequioso silencio con el que el socialismo coadyuva la destrucción del sistema nervioso de la España democrática.

ABC