La izquierda española debería ser coherente con sus valores republicanos -si es que los tiene y son sinceros- y recordar que el artículo 50, párrafo tercero, de la Constitución de 1931 atribuía al Estado «la suprema inspección en todo el territorio nacional» en materia educativa.

La Constitución de 1978 no fue tan explícita, pero dejó el fundamento de la Alta Inspección en el artículo 27.8, luego desarrollado en las sucesivas leyes reguladoras del sistema educativo, hasta llegar a la vigente Ley Orgánica de Educación, de 2006, que, en el artículo 149, hace responsable al Estado de «la Alta Inspección educativa, para garantizar (…) la observación de los principios y normas constitucionales aplicables (…)».

En concreto, corresponde a la Alta Inspección «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en sus derechos y deberes en materia de educación, así como sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables» (artículo 140.1.d).

Todo esto es papel mojado en el acoso de estilo nazi que la Generalitat de Cataluña, partidos separatistas, organizaciones colaboracionistas y múltiples cómplices pasivos han montado contra la familia de Canet que consiguió para su hijo de cinco años, con la ley en la mano y el respaldo de la Justicia, algo tan simple como un 25 por ciento de clases en castellano.

Lo que sucede en torno a este niño es la revelación en estado puro del sectarismo nacionalista, de la ira etnicista del separatismo y de su incompatibilidad con la democracia. Es, en efecto, el ‘procés’ por otras vías, por la vía de la depuración lingüística, de la limpieza social, tan bien conocida en el País Vasco

Por eso, el asedio al niño de Canet, y a su familia, es mucho más que un problema educativo o que un nuevo ejemplo de desobediencia a la Justicia. Es, o sigue siendo, la muestra de que el régimen nacionalista de Cataluña es esencialmente sedicioso, antidemocrático y criminógeno

Por su parte, la izquierda española ha decidido convertirse en un agente silencioso, pero esencial, de esta maquinaria ‘balcanizadora’ de Cataluña. La charlatanería con la que sus portavoces se desentienden del acoso a la familia castellanohablante de Canet es el complemento perfecto para la osadía de los acosadores. Todo habría sido distinto como en el pasado, si en vez de un niño castellanohablante, la víctima del hostigamiento hubiera sido una mujer, un negro, un homosexual o un ‘mena’. O un nacionalista.

Cataluña ha de asumir que lo que pasa en Canet no es propio de una sociedad democrática y civilizada, sino una pulsión tribal, una excitación de instintos premodernos, que descalifica no solo a quienes la protagonizan, sino también a quienes la alientan, la disculpan o la consienten.

La Alta Inspección del Estado, pese a su profundo sentido federalista -la izquierda demuestra que tampoco sabe qué es el federalismo-, es inútil ante lo que constituye un delito de coacciones y amenazas retransmitido en directo. Esta vez, ningún ministro -¿dónde está Marlaska?- sale corriendo a un micrófono a hablar de ‘odio’.

Esta es la derogación constitucional que quiere el separatismo y propicia Pedro Sánchez: la anulación de los derechos y libertades de ciudadanos concretos, utilizados como mensaje mafioso a todos los que se opongan al régimen opresivo del separatismo en Cataluña.

Aún no hay querella del Ministerio Fiscal, no hay un requerimiento formal a la Consejería de Educación por el Ministerio, no hay nada de dignidad en el Gobierno de la nación, mientras a una familia española se le hace pagar con miedo y amenazas el derecho a hablar en castellano.

ABC